– A. Pérez Meca – Archivo
MADRID, 5 de febrero de 2024 (EUROPA PRESS) – La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este jueves una carta al Comité de Huelga médico en la que emplaza a los sindicatos a recurrir a otros trámites, como las iniciativas parlamentarias, para conseguir un Estatuto propio para el colectivo médico y facultativo. García asevera que utilizar el recurso de la huelga para impulsar esta demanda impone una afección prolongada en la atención sanitaria y en la población.
Esta misiva se encuentra en el marco de la convocatoria de huelga médica estatal por parte del Comité de Huelga, conformado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).
Se prevé que la huelga comience el lunes 16 de febrero y se desarrolle durante una semana al mes hasta junio, demandando un Estatuto Marco que recoja las particularidades de los profesionales médicos. Además, los facultativos expresan su rechazo al acuerdo normativo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, que está pendiente de tramitación para su remisión al Consejo de Ministros.
En la carta, García recuerda que es la Mesa del Ámbito de Negociación el órgano legitimado para el diálogo y la adopción de acuerdos en materia de legislación laboral, con la participación de organizaciones sindicales elegidas democráticamente en las elecciones sindicales y que representan a todos los profesionales, incluidos los médicos facultativos.
A pesar de ello, destaca que el Ministerio de Sanidad se ha reunido con sindicatos del Comité de Huelga en más de 20 ocasiones, tanto con CESM como con organizaciones de APEMYF. «En el seno de dichas reuniones se alcanzaron numerosos puntos de convergencia que quedaron reflejados en el texto. El Ministerio de Sanidad llegó a remitir, en diciembre de 2025, un documento con propuestas orientadas a la consecución de un posible acuerdo, sin recibir una contrapropuesta», señala.
Respecto al acuerdo de Estatuto Marco, que permitiría su actualización tras 23 años, la ministra subraya que supone una «mejora sustancial» de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios. Además, se incorpora un capítulo específico y diferenciado para el colectivo médico facultativo que responde a la «gran mayoría» de sus demandas, aceptadas de forma «expresa» por los sindicatos que convocan la huelga en varias reuniones.
García apunta que aquellas demandas que no se ajustan a las competencias del Ministerio de Sanidad ni al ámbito de una ley marco de carácter estatal han sido trasladadas a las comunidades autónomas, que tienen la competencia plena en aspectos como las retribuciones, la negociación del pago de las horas de guardia, la organización de las jornadas y la planificación de plantillas.
Por todo ello, sostiene que la exigencia reiterada de retirar este texto, acordado tras más de tres años de negociación, para iniciar de nuevo la elaboración de un estatuto médico exclusivo para el personal facultativo «no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)», porque implica «la exclusión del resto de profesionales de las mejoras alcanzadas y el desaprovechamiento del extenso trabajo desarrollado en más de 60 reuniones».
MECANISMOS LEGÍTIMOS
En la misiva, García expresa en nombre del Ministerio de Sanidad su «máximo respeto» por el derecho de huelga, pero advierte que utilizar este recurso para que su departamento impulse la elaboración de un estatuto propio «plantea serias dificultades». Sugiere al Comité de Huelga que opte por otras vías contempladas en el ordenamiento jurídico vigente.
Entre estas, menciona la proposición de ley, utilizada por los grupos parlamentarios para impulsar leyes ante el Congreso; la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), empleada por la sociedad civil para promover iniciativas normativas con el respaldo directo de la ciudadanía; y las iniciativas legislativas promovidas por los parlamentos o asambleas autonómicas.
También señala que los sindicatos pueden negociar aquellas condiciones de trabajo cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas en las mesas sectoriales de los respectivos servicios de salud, tal como ha sucedido recientemente en algunas comunidades.
Además, añade la opción del trámite de audiencia e información pública, y el propio trámite parlamentario del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, donde se somete el texto al debate y a la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios para su revisión y mejora.
García asegura que los plazos no resultarían más prolongados que los establecidos si el texto fuera impulsado directamente desde el Ministerio de Sanidad, por lo que «no cabe invocar razones de plazo como justificativa del recurso a una huelga indefinida».
Finalmente, reitera su «firme voluntad» de continuar el diálogo, dentro de los cauces legales y desde la responsabilidad institucional, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, proteger el interés general y salvaguardar la salud de la ciudadanía.