MURCIA, 11 de septiembre (EUROPA PRESS) – El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha advertido este jueves que «la combinación del cierre de acuíferos y la reducción del trasvase Tajo-Segura supondría un golpe sin precedentes para los agricultores y la economía murciana». En rueda de prensa para detallar los acuerdos del Consejo de Gobierno, Ortuño ha manifestado que el Gobierno regional «seguirá defendiendo los intereses de los murcianos y trabajando junto a los regantes, exigiendo al Ministerio que aporte soluciones y alternativas reales».
El futuro de la agricultura y de miles de familias en Murcia está en juego, ha señalado Ortuño al presentar un informe elaborado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que examina las consecuencias económicas y sociales del cierre de acuíferos «previsto para 2027».
Los datos resultan «contundentes y muy preocupantes», ya que el estudio de la Universidad de Alicante estima que únicamente en la Región de Murcia el coste económico ascendería a 680 millones de euros anuales, lo que representa el 82% del impacto total previsto en la cuenca del Segura. Por otro lado, esta medida provocaría «la destrucción de más de 20.500 empleos a tiempo completo y se perderían 28.700 hectáreas de regadío en la región; es decir, una de cada cinco hectáreas desaparecería».
Este hecho representa un «golpe directo a la agricultura», un sector que actúa como motor económico y social en muchas comarcas murcianas, y que se encuentra ante «una amenaza que está a la vuelta de la esquina». «Se acaba el tiempo y el Gobierno de España no ha hecho nada», ha subrayado Ortuño, añadiendo que la problemática no se limita al sector agrícola, sino que también afectará a sectores industriales y servicios vinculados a la actividad agraria.
Efectos colaterales del cierre de acuíferos
El impacto que se prevé sería devastador para la economía regional, acompañado de una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias, dado que la reconversión de regadío a secano reduciría drásticamente la rentabilidad de las tierras. El estudio también sugiere la necesidad de implementar infraestructuras hidráulicas adicionales que podrían servir como soluciones viables, como la propuesta de conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano murciano, una iniciativa que ha sido reiteradamente demandada por el Gobierno regional.
El Altiplano ha sido identificado como una de las comarcas que sufriría un perjuicio significativo con el cierre de los acuíferos, justo en un momento donde se plantea también un recorte del 50% en el trasvase Tajo-Segura a partir de 2027.
La urgentísima necesidad de alternativas
Con respecto a la posibilidad de frenar el cierre de pozos, Ortuño ha asegurado que se utilizarán todos los recursos disponibles para exigir al Ministerio que «aporte soluciones reales» que eviten lo que podría convertirse en un grave problema para la región. «El problema es el cierre de los pozos, especialmente perjudicial en la comarca del Altiplano», ha remarcado.
Impacto en la cuenca del Segura
El informe presentado también aborda los efectos socioeconómicos del cese previsto en 2027 de la extracción de masas de agua subterráneas, revelando que la destrucción de hasta 20.572 empleos a tiempo completo afectaría de manera directa a varios sectores productivos, concentrando el 81,2% del impacto total en la cuenca del Segura. Además, se estima que el cierre de los acuíferos eliminaría 28.702 hectáreas de regadío en la región, lo que equivale a más del 16,5% de la superficie que actualmente utiliza aguas subterráneas.
En la cuenca del Segura, las pérdidas económicas ascenderían a 826 millones de euros anuales y se prevé la destrucción de unos 25.000 empleos. Este escenario no solo afectará al sector agrícola, sino también a los sectores indirectos relacionados, tales como la industria de transformación de productos agroalimentarios, la comercialización y los servicios conexos.
El estudio concluye indicando que estas pérdidas generarían un impacto negativo considerable en la economía de las regiones que forman parte de la cuenca del Segura, señalando la urgente necesidad de crear alternativas que permitan mitigar las consecuencias, como la mencionada integración de recursos externos.