En la actualidad, la sobrerregulación de los montes se ha convertido en un tema de debate entre expertos y la opinión pública, quienes coinciden en que las limitaciones y regulaciones del aprovechamiento de estos espacios naturales bloquean muchas actividades que podrían ser beneficiosas para la comunidad y el medio ambiente. Inés González Doncel, especialista en el rubro, señala que los vecinos no demandan simplemente que se limpien los montes, sino que se realice un aprovechamiento sostenible de los recursos que estos ofrecen, lo cual es un punto crucial en la discusión.
La ingeniera destaca que los montes están en un estado de abandono, ya que resulta poco rentable aprovechar los recursos naturales debido a los vaivenes de los mercados, además de las políticas muy restrictivas que se han implementado. Según González Doncel, aunque todas las actividades que pueden generar riesgo de incendio están perfectamente reguladas y prohibidas, existe una clara sobrerregulación en este ámbito.
En su análisis, indica que «la Ley de Montes es sorprendentemente proteccionista, al igual que sus homólogos autonómicos». En su búsqueda por la conservación y perpetuación del monte, se ha desarrollado un exceso de regulación que complica el aprovechamiento de recursos. Además, menciona que la burocracia juega un rol crucial, donde los criterios de los agentes forestales pueden variar considerablemente, lo que añade un nivel de incertidumbre a las autorizaciones necesarias.
Las opiniones sobre el manejo de los montes están divididas. Por un lado, hay una visión idílica de la naturaleza que se cuida sola; por otro, hay una perspectiva más profesional que defiende la necesidad de conservar y cuidar los espacios naturales sin caer en la veneración de estos. Sin embargo, la voz pública es predominantemente crítica frente a cualquier intervención humana en estos ecosistemas. González Doncel menciona que «hay una población urbana que se horroriza ante cualquier intento de cortar un árbol», aun cuando tales acciones están contempladas en documentos de ordenación que datan de más de 50 años.
En conclusión, la experta recalca que la administración autonómica debe asumir un papel activo en la vigilancia y tutela de estos espacios naturales, evitando que tanto los que operan en el monte como aquellos que gestionan autorizaciones carezcan de un criterio único y homogéneo al abordar estas actividades. Este dilema en la gestión de montes refleja una tensión entre la conservación y el aprovechamiento, que debe ser abordada con urgencia.