Una propuesta, lanzada a dos por el PNV y PSE-EE, busca agilizar trámites administrativos y favorecer la ejecución de proyectos estratégicos de vivienda e infraestructuras, pero ha generado un intenso debate político y social en Euskadi. Y es que, según diversas voces críticas, supone una eliminación de garantías ambientales previamente establecidas en los procesos de planificación territorial.
Debilitando los límites ambientales al urbanismo en Euskadi
Asociaciones ecologistas denuncian las consecuencias funestas de la Proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios de PNV y PSE-EE bajo el título «Medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo». A pesar de su nombre, la proposición supone una modificación sustancial de la Ley 10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi y de la Ley 4/2015 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, debilitando profundamente las garantías legales que protegen el medio ambiente y la salud de las personas.
Según los críticos, esta reforma permitiría el desarrollo de proyectos que antes estaban restringidos por normativas ambientales, poniendo en riesgo espacios naturales y la calidad de vida de los ciudadanos. Las organizaciones ecologistas temen que, si se aprueba, se acelere la desregulación en materia ambiental, comprometiendo la regulación que hasta ahora protegía áreas sensibles y garantizaba un desarrollo urbano sostenible.
Así, la discusión en torno a esta propuesta no solo gira en torno a la necesidad de viviendas, sino también a la urgencia de mantener estándares ambientales que aseguren un futuro saludable para próximas generaciones. La sociedad civil se mantiene alerta, exigiendo que el desarrollo urbano no se lleve a cabo a expensas de la protección del medio ambiente.

