SANTANDER, 2 de febrero (EUROPA PRESS) – PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han rechazado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria una iniciativa del PSOE que solicitaba al Gobierno regional (PP) implementar una ayuda directa para la compra de vivienda construida, equivalente a aproximadamente el 20% de su coste, con el objetivo de convertirla en vivienda protegida de forma indefinida.
Desde el PP, la propuesta, que está dirigida a familias con dificultades para acceder al mercado inmobiliario, ha sido calificada de «despropósito». Argumentan que incluye aspectos que «ya existen» y que plantea condiciones que podrían generar «más problemas que soluciones», especialmente la exigencia de inscribir la vivienda como protegida para siempre para poder acceder a la ayuda. En este sentido, el portavoz popular, Juan José Alonso, considera que esta iniciativa busca «lavar la imagen y la conciencia» del PSOE, que, en su opinión, ha descuidado las competencias en materia de vivienda durante su coalición con el PRC en los últimos años.
Alonso subrayó: «Lo único que han hecho ha sido entregarlas a los okupas que campaban a sus anchas.» Ante esto, los socialistas tienen una «gran oportunidad» de apoyar la ley de vivienda propuesta por el Gobierno de Cantabria, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.
Por su parte, Vox se ha manifestado en contra, denunciando la «hipocresía» de los socialistas. El diputado Armando Blanco criticó que el PSOE «pretenda ir de Robin Hood, cuando en realidad es el Sheriff de Nottingham», y tildó de «mentiras» las afirmaciones de los socialistas sobre sus compromisos en materia de vivienda. Según él, «las políticas fanáticas socialistas contra la propiedad privada y la seguridad jurídica han provocado un aumento de más del 60% en los precios de la vivienda en 7 años, mientras que los salarios de los españoles apenas han crecido un 15%».
Desde el PRC, aunque apoyaron la iniciativa, consideran que no representa «una solución total» a los problemas de vivienda existentes, ni la mejor solución parcial. Javier López Estrada, diputado y alcalde de Torrelavega, destacó que, si bien la propuesta tiene meritos, no es suficiente ante la crisis habitacional actual.
No al traspaso de la competencia de salvamento marítimo
En otro contexto, el Pleno del Parlamento ha confirmado que el Gobierno de Cantabria no solicitará el traspaso de las competencias ejecutivas en materia de salvamento marítimo, un movimiento que sí ha realizado el País Vasco. Cándido Manuel Cobo, diputado del PP, anunció esta decisión durante el debate sobre una iniciativa del PRC que instaba al Gobierno regional a elaborar informes necesarios para evaluar dicho traspaso. La propuesta fue rechazada por el Parlamento, con el apoyo de PP y Vox y la abstención del PSOE.
Cobo argumentó que «no estamos para experimentos» y advirtió que, si el traspaso de competencia al País Vasco a partir de octubre de 2026 resulta en un «perjuicio» para la comunidad autónoma, «actuará para evitarlo». Criticó al PRC por no haber reclamado esta competencia en sus 20 años de gobierno y se cuestionó el por qué ahora era un asunto beneficioso.
Vox, que también se opuso a la propuesta, sostuvo que Cantabria «no necesita más competencias» que podrían generar duplicidades y un mayor gasto. La portavoz de Vox, Leticia Díaz, declaró que el acuerdo entre el Gobierno de España y el País Vasco en materia de salvamento marítimo es «una cesión política» y no un verdadero avance, diseñado para mantener al presidente Sánchez en el poder.
Ante las preocupaciones del PRC sobre el impacto del traspaso, la diputada del PSOE Norak Cruz aseguró que la protección de la costa oriental de Cantabria «está garantizada» con los medios estatales. No obstante, los socialistas consideran que la propuesta del PRC carece de claridad y se basa en un escenario no inmediato.
Finalmente, después de aquellas declaraciones, Hernando, de PRC, precisó que lo que realmente se estaba solicitando no era el traspaso de competencias, sino los informes para evaluar la necesidad del mismo. También alertó que, de llevarse a cabo, el traspaso podría significar un «problema grave» para la comunidad autónoma, dado que actualmente comparten recursos con el País Vasco y se ofrece servicio a la zona oriental de Cantabria desde la base de Gexto.
Según sus palabras, en situaciones de salvamento marítimo, «unos segundos pueden ser decisivos» para salvar vidas, por lo que es esencial que Cantabria reaccione y analice las implicaciones del traspaso de competencias, considerando también la posibilidad de firmar convenios con comunidades autónomas vecinas para asegurar la continuidad de los servicios actuales.