Zaragoza, 27 Sep. (EUROPA PRESS) – Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio autonómico del sector de protección y reforma en Aragón, que agrupa a cerca de 600 profesionales en centros de menores y recursos residenciales. Este hecho se produce tras constatar la negativa de las principales patronales y empresas del sector a asumir compromisos reales de mejora.
Según los sindicatos, las empresas más relevantes en Aragón, como Fundación Rey Ardid, Aldeas Infantiles y YMCA, han mostrado un «desinterés total» en el proceso de negociación. Asimismo, otras entidades como Kairós y Fundación Ozanam no participan en ninguna patronal, a pesar de gestionar recursos públicos y contar con cerca de 200 trabajadores entre las dos. Estas afirmaciones han sido respaldadas por los sindicatos que consideran esta situación inaceptable.
En junio, se estableció un calendario de negociación en el marco de una mediación en el SAMA, donde se comprometió a avanzar en tablas salariales y jornada laboral. Sin embargo, la actitud mostrada por la patronal el pasado 24 de septiembre ha llevado a los sindicatos a afirmar que este calendario queda roto, constituyendo así un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado.
Héctor García, portavoz de CGT, ha criticado que «las patronales han demostrado que no quieren negociar nada. Pretenden mantenernos con las mismas condiciones precarias mientras sus cuentas crecen año tras año». Esta huelga es considerada una respuesta enérgica al desprecio hacia los trabajadores del sector.
De igual manera, Angélica Mazo de UGT ha comentado que «llevamos meses con propuestas razonables sobre la mesa, como la reducción de jornada, la equiparación salarial con el personal público y permisos que permitan conciliar la vida familiar y laboral. La negativa sistemática de las empresas y la pasividad de la Administración nos empujan al conflicto».
Llegada de menores
Esta situación es particularmente grave en un momento en que Aragón debe responder al reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, con 250 plazas ya adjudicadas y la previsión de ampliación a otras 50-60. Jesús Esteban, representante de CCOO, expresa que «la falta de avances en el convenio complica gravemente la contratación de educadores sociales y otros perfiles necesarios para cubrir las nuevas plazas, lo que puede llevar a que estos menores no sean atendidos correctamente».
Los sindicatos responsabilizan directamente a la Administración autonómica de esta desatención, ya que no se ha implicado en garantizar condiciones dignas para los trabajadores del sector, dejando en situación de precariedad e incertidumbre tanto a los menores como a los profesionales.