La Asociación Stop Biogás Castilla y León presentará una querella contra el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, así como contra los responsables provinciales de los servicios territoriales de Medio Ambiente. La denuncia es por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, debido a errores legales y técnicos en la tramitación de 54 proyectos de plantas de biogás.
Según ha precisado la abogada de la Asociación Stop Biogás Castilla y León, Pilar Calvo, la presentación de la querella tendrá lugar en Valladolid en un plazo de una semana o semana y media, una vez que concluyan los informes periciales que «están tardando un poquito más». La organización espera que este proceso culmine en un juicio oral, convencidos de que hay «elementos suficientes» para que los tribunales tomen una decisión.
Incumplimiento de la normativa medioambiental
Calvo ha acusado a la Junta de Castilla y León de incumplir la normativa medioambiental. Esta establece que para que las plantas de biogás sean consideradas como ‘gas verde’, deben tener la materia prima en un radio de 15 kilómetros y disponer de hectáreas para utilizar el digestato con planes de cultivo en un radio de 30 kilómetros.
«Si observamos todas las plantas de más de 150.000 toneladas o de más de 100.000 toneladas que se están implementando en Castilla y León, no cumplen esos requisitos, porque no tienen en un radio de 15 kilómetros la materia prima para usar en la digestión ni tienen en un radio de 30 kilómetros las hectáreas para echar el digestato», ha aseverado la abogada.
También ha advertido que algunas plantas se están implementando sin el espacio adecuado, mencionando que «si para una planta no hay espacio literal para echar el digestato, de dos plantas es inviable».
Normativa del sector porcino y planta rústica
Calvo ha explicado que la Junta de Castilla y León está aplicando la normativa del sector porcino en las autorizaciones ambientales de las plantas de biogás, que exige una distancia de 500 metros entre explotaciones porcinas, un requisito que «ni siquiera se cumple en este caso». Además, no se respetan las distancias a núcleos urbanos o a otros tipos de industrias, y ha advertido que no existen planes para evitar desastres por fugas de material o explosiones.
Stop Biogás ha indicado que la mayoría de las plantas se proyectan en suelo rústico, y ha criticado la fórmula de la autorización ambiental genérica. Según esta, las promotoras deben justificar tener la materia prima y las hectáreas para el digestato cuando las plantas ya estén construidas y a punto de ser puestas en marcha.
«El proyecto que se presenta para la autorización ambiental es el mismo para el que después se debe tener la licencia de obra; si hay modificaciones al proyecto inicial o se implementan una serie de obligaciones, ese proyecto que se llevará a cabo para obtener la licencia de obra no será el mismo para el que se otorgó la autorización ambiental», ha señalado Calvo. También ha alertado que muchas plantas no cumplen con los criterios de edificabilidad establecidos.