ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) – La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, ha intervenido este martes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde ha destacado la «eficiencia y agilidad» del sistema aragonés de atención a la dependencia y ha reclamado más financiación.
«El Gobierno de Jorge Azcón ha destinado el mayor presupuesto de la historia de Aragón a los servicios públicos, con un récord de inversión en dependencia, demostrando que una buena gestión es lo opuesto a la propaganda, a la pancarta estridente y a los ‘derechos de papel'», ha afirmado Susín al concluir su comparecencia. Durante su intervención, también expuso las demandas de Aragón respecto a la financiación de la dependencia que le corresponde al Estado.
En su intervención en la Cámara Alta, en Madrid, Carmen Susín mostró ejemplos de los avances del sistema autonómico de dependencia, resaltando que el tiempo medio de resolución de expedientes se ha reducido a 134 días —datos actualizados a 28 de febrero de 2026—. Este plazo sitúa a la Comunidad Autónoma de Aragón 204 días por debajo de la media nacional, establecida en 338 días, lo que permite afirmar que Aragón ostenta un «liderazgo en la agilidad administrativa», destacó.
Este hito alcanzado por la comunidad autónoma no es, según Susín, «fruto de la casualidad», sino resultado de un importante trabajo realizado en los últimos dos años y medio para mejorar el sistema de dependencia: «se ha dado un salto cualitativo y estamos alcanzando, mes a mes, máximos históricos en la cobertura del sistema», explicó.
La consejera también ofreció datos de gestión de 2024, señalando que el Gobierno de Aragón ejecutó en ese año un total de 319 millones de euros en el sistema autonómico de dependencia, lo que supuso «un récord histórico de financiación». Según las previsiones, se superará esta cifra en 2025.
DISPERSIÓN GEOGRÁFICA
Susín recordó que la prestación de servicios públicos en Aragón, como la dependencia, se ve encarecida por la dispersión geográfica y el envejecimiento de una Comunidad que es la cuarta en extensión, pero la tercera con menor población. «Tres de cada cuatro municipios aragoneses tienen menos de 500 vecinos; gran parte de Aragón es un desierto demográfico», detalló la consejera en funciones, quien reivindicó «una financiación justa» que garantice que no existan «dependientes de primera y de segunda».
En este sentido, indicó que la aportación del Estado al sistema de dependencia aragonés fue en 2024 de 70,2 millones de euros por el nivel mínimo y otros 39,9 millones por el nivel acordado; en total, 110 millones de euros, lo que representa el 34% del total. Así, Aragón «aporta 2 de cada 3 euros para sostener el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad», una cifra «lejos del 50%-50% que marca la Ley de Dependencia desde el año 2006», lamentó.
«Hemos calculado que el Gobierno de Sánchez le debe a los dependientes aragoneses unos 450 millones de euros por no haber financiado ese 50% de la dependencia desde el año 2018 hasta hoy», recalcó Susín.
«A estas alturas, el Gobierno de España ya estaba amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia aragonés porque se niega a cofinanciarlo y, no conforme con eso, ahora está sobre la mesa una reforma que no va a servir para mejorar la situación y que ni siquiera se acompaña de una memoria económica solvente», añadió.
La titular de Bienestar Social y Familia en funciones lanzó una advertencia sobre la reforma de la Ley de la Dependencia y de la Discapacidad, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que promete «incorporar nuevos derechos»: «Desgraciadamente serán ‘derechos de papel’ si no se ponen recursos para hacerlos efectivos», advirtió, ya que «sin una planificación presupuestaria acorde, lo que nos está pidiendo el Gobierno de España a las CCAA es que volvamos a poner su parte».
Esta forma de legislar, que ya caracteriza al Ejecutivo de Pedro Sánchez, alimenta «la frustración y la desconfianza en lo público», según Susín. La consejera reiteró que Aragón «está haciendo los deberes respecto a la dependencia» a pesar de que «el Gobierno de España no está haciendo lo propio».
La comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones se desarrolló en la sala Europa del Senado, donde también intervinieron titulares de distintos departamentos y consejerías con competencias en servicios sociales de Galicia, Cantabria, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
MÁS DEPENDIENTES EN EL SISTEMA
De acuerdo con los últimos datos disponibles recopilados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a 28 de febrero de 2026, el sistema público de dependencia atiende a un máximo histórico de 49.233 aragoneses, un 8,1% más que hace un año.
Por provincias, 32.090 personas atendidas residen en Zaragoza, 11.870 en Huesca y 5.273 en Teruel, quienes acceden a 65.444 prestaciones, de las que un 56% son económicas y el otro 44% son de servicios. Dentro de este cómputo, destacan las prestaciones económicas por cuidados familiares (PECEF), con 25.067 perceptores, un 5,2% más que en febrero de 2025. En cuanto a la Prestación Económica de Colaboración con la Persona Cuidadora (PECPC), se han alcanzado los 1.199 titulares: 896 en Zaragoza, 209 en Huesca y 94 en Teruel.
Además, las solicitudes pendientes de valorar han caído un 12,87% en los últimos 12 meses, situándose en 2.863, la cifra más baja desde febrero de 2022 (2.882).
El pico máximo de solicitudes sin valoración data de septiembre de 2024, cuando había 4.898 expedientes; la reducción respecto a ese registro crítico es del 41,55% a febrero de 2026. Estos y otros datos son remitidos desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al IMSERSO para elaborar las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cada mes.
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