Archivo – Tráfico en una carretera vasca – DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD – Archivo
BILBAO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) – La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha autorizado la instalación de cabinas de radar en los puntos kilométricos 82,300 de la AP-1, en el tramo Burgos-Armiñón sentido Irún, y 356,080 de la N-104 sentido Vitoria-Gasteiz. Estos dispositivos estarán destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en la red viaria de Euskadi, según datos publicados en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
Importancia del Control de Velocidad
En su resolución autorizando la instalación de estas cabinas de radar, la directora de Tráfico, Estibaliz Olabarri, señala que el exceso de velocidad es «un factor concurrente que aparece en el 90% de los accidentes de tráfico que se producen en la red viaria de la Comunidad Autónoma Vasca».
Por ello, añade que «se hace necesario velar más intensamente en determinados tramos de las carreteras por la seguridad vial», ya que, según advierte, «en los últimos años y en determinados puntos de la red viaria se está observando un repunte de la accidentalidad».
Medidas Propuestas
Tras indicar que los análisis de seguridad vial realizados confirman que una de las causas concurrentes en esos accidentes es la velocidad, dice que la experiencia ha demostrado que «la utilización de cinemómetros para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico es uno de los métodos más efectivos para conseguir que la velocidad de circulación se adecue a los límites marcados en la vía».
Con el objetivo de «reforzar la seguridad vial y mejorar la fluidez de la circulación», se ha considerado oportuno la instalación y uso de dispositivos de captación de imágenes en los mencionados tramos de la red viaria correspondientes a la AP-1 y la N-104.
Detalles de la Instalación
La instalación y uso de dispositivos de cabinas de radar ha sido autorizada para los puntos kilométricos mencionados, donde se informará al público de la existencia de estos dispositivos a través de señales informativas adecuadas.
Según se recoge en la resolución, las imágenes captadas, que pudieran ser constitutivas de una infracción administrativa contra la normativa de seguridad vial, serán remitidas a los órganos competentes para tramitar y resolver los procedimientos sancionadores que correspondan.
Además, si la grabación captura hechos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal, dichas grabaciones se remitirán a la autoridad judicial competente.