MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) –
Vox ha solicitado en la Asamblea de Madrid que se reconozca a los funcionarios de prisiones como profesionales de riesgo y agentes de la autoridad. Esta medida busca brindarles la protección penal necesaria ante posibles atentados y agresiones.
La propuesta, conocida como Proposición No de Ley (PNL), ha sido registrada por el partido liderado por Isabel Pérez Moñino. A través de esta iniciativa, Vox espera obtener apoyo en la Cámara de Vallecas para que la Comunidad de Madrid exija este cambio al Gobierno central.
El partido argumenta que estos profesionales enfrentan una «peligrosidad objetiva y frecuentes agresiones», además de las deficientes condiciones en las que llevan a cabo su labor diaria.
Reivindicaciones de Vox
Entre sus demandas, Vox también solicita que se establezca un plan urgente de refuerzo de plantillas que incluya una convocatoria de empleo público plurianual para cubrir el 100 % de las vacantes y anticipar las jubilaciones previstas.
Asimismo, el partido exige que en Madrid se asegure la equiparación salarial con los funcionarios penitenciarios de otras comunidades autónomas, basándose en el principio de igualdad retributiva para funciones equivalentes.
Episodios de violencia en prisiones
Vox ha señalado varios incidentes recientes, incluido un caso ocurrido en el Centro Penitenciario Madrid VII de Estremera, donde en una semana de 2025 se registraron tres agresiones, lo que refleja un «pico de violencia» que pone de manifiesto la pérdida de autoridad y el deterioro de la seguridad en las instituciones penitenciarias.
La situación de los funcionarios
Según Vox, los funcionarios de prisiones son el colectivo de la Administración General del Estado que sufre el mayor número de agresiones, pero no tienen reconocida su condición de agentes de autoridad ni de profesión de riesgo. Esto ocurre a pesar de que desempeñan funciones de vigilancia, control y seguridad frente a internos condenados por delitos graves y que a menudo tienen problemas de salud mental y drogodependencias.
El partido indica que «el trabajo penitenciario implica un riesgo físico constante, así como exposición a agresiones, amenazas e intentos de homicidio, lo que conlleva un elevado desgaste psicológico». Además, resaltan la complejidad de gestionar a internos con perfiles violentos en grandes medidas, todo esto sin el adecuado apoyo legal y material. Advierten que, si no se adoptan medidas urgentes, la actual situación de abandono institucional podría resultar en nuevas tragedias personales.