Las Palmas de Gran Canaria, 18 sep (EUROPA PRESS) – El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que se prevé que el archipiélago cierre el año con la llegada de 20.000 inmigrantes, por lo que ha solicitado al Gobierno de España asumir su responsabilidad en cuanto a los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo para poder atender «con cierta dignidad» a los que están por alcanzar las costas de las islas.
Clavijo ha admitido que «es difícil» conocer el número de migrantes que llegarán a Canarias en los próximos meses de 2025 porque las ONGs «te van advirtiendo de cuáles son las cantidades aproximadas», sin embargo «hay muchos que no llegan».
En este sentido, señaló durante un Foro de El Mundo que, si bien el Gobierno de España está poniendo el «acento sobre la bajada notable de llegada», «no es menos cierto que el año pasado llegaron 47.000 y fueron todos los récords de toda la serie histórica».
Actualmente, dijo, han alcanzado las costas canarias unos 13.000 migrantes, pero afirmó que la información que tiene el Gobierno canario es que se puede acabar el año con unas 20.000 personas llegadas, lo que implicaría que en los próximos dos meses y medio, tres meses, arriben unos 7.000 migrantes.
Esto, añadió Clavijo, supone someter a «mucha atención» a los servicios públicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios públicos sociales, los sanitarios, los educativos, de ahí que se ponga «tanto empeño» en instar al Gobierno de España a que «asuma su responsabilidad» con los menores asiliados para «poder atender con cierta dignidad» a los que van a llegar.
Por su parte, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha incidido en la necesidad de que se despliegue Frontex «de igual manera» que se hace en otras costas europeas, donde aseguró que «ejercen su función de control de fronteras».
Domínguez explicó que su defensa en el despliegue de Frontex se basa en «salvar la costa canaria» prestándole «seguridad», ya que esto es «seguridad» para Canarias, España y la Unión Europea.
«NO» HA HABIDO VOLUNTAD DE SACAR A LOS MENORES
Respecto a los menores solicitantes de asilo que se encuentran aún en Canarias, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, consideró que el Gobierno de España «no ha tenido, en ningún momento, la voluntad de sacar» a los niños, tras ser cuestionado por unas declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres en relación a que el Tribunal Supremo no obliga a que estos menores salgan de Canarias.
Para Clavijo, «es revelador» la utilización por parte del Gobierno de España del fenómeno migratorio para «generar crispación política», al tiempo que agregó que el auto del Supremo, el originario, que acepta las medidas cautelares positivas que pide el Gobierno de Canarias, habla de que «es obligación de la Secretaría de Estado de Migraciones, porque la red de protección internacional es competencia exclusiva del Estado», y del «daño» que se le ocasionaba, «irreparable al menor», como «es el hacinamiento».
Asimismo, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, se refirió a la acogida de los menores extranjeros no acompañados que deben acoger las comunidades autónomas tras la modificación de la Ley de Extranjería, apuntando que las comunidades autónomas en las que gobierna el PP «han dicho que van a cumplir la ley», si bien «han manifestado públicamente que no les gusta».
De todos modos, para Domínguez, el Gobierno de España «no tiene mucha voluntad de sacar» de Canarias a los niños y, consideró que «están esperando a que cumplan los 18 años. Y una vez cumplan los 18 años, ya no hay niños menores a los que atender».
Finalmente, Domínguez indicó que la financiación de la derivación de los menores «es la piedra angular» de este tema para las comunidades, porque «hay un decreto que obliga a acoger a los menores no acompañados, pero no hay financiación que acompañe a esa normativa».
Canarias, apuntó, ha gastado 192 millones de euros en el año 2024 y ha recibido 50 millones, iniciando ya el ejercicio 2025, pertenecientes al año 2024, por lo que admitió que «no» tienen cómo mostrarle al resto de comunidades autónomas que el Estado «va a cumplir con esa financiación».