
BRUSELAS, 14 Abr. (EUROPA PRESS) – Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar la protección del acero europeo frente al impacto de la sobreproducción global. Este acuerdo contempla un recorte del 47% en el volumen de importaciones que pueden entrar sin arancel, así como un aumento del arancel hasta el 50% para el acero que supere dicho límite.
El pacto, que debe ser formalmente adoptado por ambas instituciones, establece un nuevo marco que sustituirá las salvaguardas actuales, vigentes desde 2018, las cuales expiran en junio de este año. El objetivo es ofrecer protección al sector europeo frente a la presión derivada del exceso de oferta en los mercados internacionales.
Concretamente, el nuevo sistema establece en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de acero que podrá entrar sin arancel en el mercado comunitario. Las importaciones que superen este umbral estarán sujetas a un arancel del 50%, en comparación con el 25% que se aplica actualmente.
Según Bruselas, esta medida permitirá hacer frente a los efectos del exceso de producción mundial, que podría alcanzar los 721 millones de toneladas en 2027, cifra que supera más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE.
El acuerdo también introduce nuevos requisitos para mejorar la trazabilidad del acero importado, permitiendo identificar el país de origen y considerando este factor al asignar las cuotas correspondientes.
Los colegisladores han coincidido en reforzar el sistema de revisión de la norma, de manera que la Comisión evaluará en un plazo de seis meses si es necesario ampliar el alcance de los productos cubiertos, con nuevas revisiones periódicas basadas en la evolución del mercado.
Asimismo, el nuevo marco mantenimiento la compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y prevé cierta flexibilidad para las empresas, como la opción de trasladar cuotas no utilizadas entre trimestres durante el primer año de aplicación.
Tanto el Parlamento y el Consejo como la Comisión han enfatizado que el objetivo es garantizar la viabilidad a largo plazo de un sector estratégico para la economía europea, que emplea a cientos de miles de trabajadores y es considerado crucial para áreas como la defensa y la transición energética.

