ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – Cientos de inmigrantes han acudido al Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación del Real Decreto de regulación extraordinaria para más de medio millón de inmigrantes, que ha entrado en vigor este jueves con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la aprobación por este pasado martes por el Consejo de Ministros.
La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marina Orós, ha explicado que la primera consecuencia «por culpa de un real decreto populista chapucero y mal planteado» es lo que se está viviendo en el hall de la Casa Consistorial, en las juntas de distrito y en los diferentes espacios municipales.
Orós ha descrito que hemos pasado de «una buena idea», que era la iniciativa legislativa popular para plantear una ley debatida en el Parlamento, a esta medida que ha calificado de «opaca y trilera». «Hemos pasado de una idea positiva, porque para el PP la inmigración es una oportunidad a que este gobierno de España y Sánchez en concreto, por ser la cabeza visible, la ha convertido en un problema», ha resumido, cuestionando qué pretende el presidente del Gobierno «al generar un problema a las ciudades».
Sobre la responsabilidad del gobierno, ha afirmado: «Está muy bien irse a China a hacer el ridículo, tapar todos los casos de corrupción, pero lo más importante es que se hagan cargo de sus responsabilidades, que informen y que dejen de ser opacos».
Críticas a la gestión del proceso
Orós ha subrayado que «en ningún momento» la Administración General del Estado o la Delegación de Gobierno en Aragón han contactado con el Ayuntamiento para explicar o coordinar el proceso de manera transparente, a pesar de que desde el pasado 28 de febrero ya habían alertado al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, solicitando información para determinar responsabilidades. En su respuesta, el delegado dijo que «ni era competencia del Ayuntamiento, ni le incumbía, ni le iba a afectar».
Posibles regularizaciones en Zaragoza
La situación de Zaragoza, según Orós, es similar a la del resto de Ayuntamientos. «Intentamos evaluar el real decreto y ver qué medidas se pueden tomar a la espera de que la Delegación del Gobierno o el ministerio nos dé más información», ha declarado. Orós se ha preguntado si esta medida va a suponer «la regularización de entre 15.000 y 20.000 personas», añadiendo que tampoco disponen de cifras porque «no las han querido dar».
Orós ha alertado del impacto que supondrá en la sanidad, educación y los servicios sociales y públicos, destacando que el real decreto está provocando un «efecto llamada». Este fenómeno ha sido advertido por la Policía Nacional y sindicatos policiales, quienes han alertado sobre una «desnaturalización del control administrativo» y un incremento del riesgo de errores y fraudes en la verificación de identidad y antecedentes.
En este contexto, ha reclamado información sobre dos aspectos: la memoria de impacto presupuestario, que según el Consejo de Estado no existe, y «la falta de criterios objetivos» para determinar la vulnerabilidad de las personas afectadas, además de la falta de claridad sobre qué entidades serán competentes en materia de asistencia social.
Requerimientos del nuevo decreto
La medida se dirigirá a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, ya sea denegada o no. En cuanto a los migrantes económicos, se aplicará a aquellos que lleven en España desde el 31 de julio, y que demuestren al menos cinco meses de estancia antes del 31 de diciembre de 2025. Se prevé que los solicitantes en situación irregular puedan solicitar su regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.
El plazo de tramitación será de un máximo de tres meses, y con la mera admisión a trámite de la solicitud, los solicitantes podrán comenzar a trabajar desde el primer día. La autorización que recibirán será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector.
Datos y contexto sobre el albergue municipal
Orós ha proporcionado cifras del albergue municipal de Zaragoza, que está al 99% de su capacidad. Anteriormente, antes de esta política migratoria expansiva, se mantenía en un 80%. A pesar del aumento de 80 plazas en el albergue y 50 más en otros recursos, los datos revelan que actualmente hay 185 personas alojadas, de las cuales 40 son españolas, 11 del resto de Europa, 10 sudamericanas y 127 de origen africano. Entre estas últimas, 24 son magrebíes (argelinos y marroquíes) y 103 subsaharianos, de los cuales 59 son de Mali, 40 de Burkina Faso y 2 de Somalia.
«Todas estas personas están en el limbo, atendidas en el albergue o con recursos municipales o en peores casos en la calle, ya que esas 59 personas son responsabilidad exclusiva del Gobierno de España», ha señalado Orós.
Conclusión sobre la política migratoria
La consejera ha concluido que la política migratoria del actual Gobierno «tiene que acabar porque incentiva la inmigración irregular, el efecto llamada, las mafias y el fraude. Y porque como ciudad y como país no lo podemos sostener».