ZARAGOZA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) – El magistrado instructor del caso Forestalia, Juan José Cortés, ha desestimado el recurso presentado por el propietario de Forestalia, Fernando Samper, contra tres autos dictados dentro del procedimiento judicial abierto a este grupo empresarial y determina que la causa continue por sus propios trámites.
En el recurso de reforma, presentado el pasado 27 de febrero por el abogado de Samper, uno de los alegatos utilizado es que «no existen indicios racionales que justifiquen la continuación de la instrucción» y reprocha a la instrucción un carácter prospectivo. Ante ello, el magistrado juez de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel argumenta que «ya, desde el primer momento, se manejaron más que sospechas».
El juez concreta que «no estamos ante hechos puramente especulativos derivados de una especial sensibilidad política», y aclara que «se hacen referencia, se argumentan, pero no de manera vaga, genérica o especulativa, sino con datos concretos y sobre actuaciones concretas, comportamientos que aconsejan una fiscalización de esas conductas».
El instructor niega en su auto que «en ningún caso» la investigación ha sido prospectiva, «sino que, al contrario, fue una investigación exhaustiva, que ha pretendido alcanzar y abrazar todos los eventuales comportamientos que se han entendido reprochables y que han ido apareciendo durante la misma». Además, rechaza que «se haya generado indefensión a las partes y que se haya actuado a espaldas de los afectados». En este sentido, añade que «una de sus preocupaciones ha sido, en todo momento, salvaguardar los derechos de los investigados o personas afectadas», rechazando que «la instrucción, en ningún caso, se ha alargado artificial o caprichosamente».
Respecto a la falta de motivación en las prórrogas, motivo alegado en el recurso por el abogado de Samper, el instructor responde que las prórrogas se ajustaron en todo momento a los tiempos exigidos por la LECrim y que el informe de la UCOMA se ha revelado «determinante para valorar el devenir de la instrucción», por lo que la espera para recibir el informe ha sido justificada en «la necesidad de prorrogar la instrucción».
En relación a la existencia de prejudicialidad contencioso-administrativa argumentada por el recurrente, el magistrado concluye en su auto recordándole que «la jurisdicción penal es preferente» y, en consonancia con las conclusiones del Ministerio Fiscal, expresa que, aunque las autorizaciones administrativas concedidas fueran correctas, «esto no impediría la existencia de delitos como el cohecho, lo que obliga a continuar con la instrucción penal».
El Ministerio Fiscal, la Letrada de la DGA, el letrado de la Asociación de apoyo a Teruel Existe y el letrado de ADIVE han presentado escritos de impugnación ante las cuestiones formuladas en el recurso de reforma del abogado de Samper. Contra este auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.