Archivo – La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, durante una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. – Jesús Hellín – Archivo.
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) – El Partido Popular (PP) ha solicitado explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la decisión de utilizar la empresa pública Tragsa para gestionar la regularización «masiva» de inmigrantes, argumentando que dicha tarea debería ser realizada por funcionarios del Estado. Desde el PP creen que el Ejecutivo debería «reforzar de manera estable las plantillas» en lugar de externalizar esas funciones a través de entidades como Tragsa.
Cuca Gamarra ha señalado que «el Gobierno ha colapsado la Administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos suficientes para hacer frente a más de un millón de solicitudes que se prevé que puedan existir. Han generado un colapso y, a través del colapso, se va a provocar un coladero”.
Además, la lideresa del PP ha resaltado que «utilizar Tragsa» es simplemente «la última improvisación que se ha sacado de la chistera» el Gobierno de Sánchez, subrayando que tal acción «no es legal» ya que «no tiene competencias para hacerlo».
Gamarra ha afirmado: «Lo están denunciando los propios funcionarios, los sindicatos, el Consejo de Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: esta revisión de expedientes debe recaer sobre quienes tienen potestad pública, sobre funcionarios. No le corresponde a Tragsa».
«UN COLADERO DE DELINCUENCIA»
La vicesecretaria del PP ha insistido en que esta regularización de migrantes «va a ser un coladero de delincuencia» debido al colapso administrativo generado por la aprobación del decreto sin suficientes medios y recursos.
«Por desgracia, el Gobierno ha vuelto a demostrar que su única política se basa en la improvisación y la falta de escucha, y que su única respuesta es la victimización para intentar culpar a otros de su incompetencia», ha declarado.
Según el PP, el Gobierno ha optado por un «plan de choque» que contempla la realización de horas extraordinarias, la ampliación de horarios de atención por parte de los empleados públicos y la externalización de funciones a través de entidades públicas como Tragsa, «trasladando la presión a unos servicios públicos ya tensionados».
DENUNCIA EL VETO A LA ENMIENDA DEL PP QUE PEDÍA REFORZAR PLANTILLAS
En este contexto, el PP ha denunciado el veto del Gobierno a una enmienda aprobada por el Senado en la Ley de Multirreincidencia, la cual iba dirigida a reforzar las plantillas para afrontar esta regularización. Según el PP, el Ejecutivo argumentó que la exigencia de un certificado de antecedentes penales para acceder a eventual autorización de estancia y trabajo temporal implicaría la necesidad de incorporar aproximadamente 400 nuevos funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, «con un supuesto coste estimado cercano a 17 millones de euros».
Por este motivo, el PP ha emplazado al Gobierno a explicar cómo justifica dicho veto, «mientras que niega que el proceso de regularización masiva que afecta potencialmente a más de un millón de personas tenga ningún impacto presupuestario». A su juicio, esta actuación «evidencia una contradicción difícilmente justificable».
BATERÍA DE PREGUNTAS EN EL CONGRESO: COSTE TOTAL DEL PLAN DE CHOQUE
El Grupo Popular ha registrado una serie de preguntas en el Congreso, firmadas por Gamarra y las portavoces de Justicia e Interior en la Cámara Baja, María Jesús Moro y Ana Vázquez, entre otras. Estas preguntas establecen un emplazamiento al Ejecutivo para aclarar qué planificación de recursos humanos ha realizado para dimensionar este proceso, así como cuántos efectivos adicionales de carácter estructural prevé incorporar en las brigadas de extranjería y en el conjunto de servicios afectados.
Además, el PP solicita conocer el coste total del plan de choque que incluye horas extraordinarias, ampliaciones de jornada, refuerzos temporales y externalizaciones, y cómo se compara este coste con el que habría supuesto una planificación estructural del personal.
Finalmente, el PP pregunta qué justificación ofrece el Gobierno para recurrir a la externalización de funciones mediante entidades como el Grupo Tragsa, en lugar de reforzar de manera estable las plantillas. También se solicita que el Ejecutivo aclare qué evaluación ha realizado sobre el impacto de este proceso en la carga de trabajo y en la calidad del servicio en las unidades afectadas, así como las medidas que piensa adoptar para «evitar el colapso operativo advertido por las organizaciones sindicales».
Una de las preguntas formuladas por el PP en el Congreso pregunta: «¿Dispone el Gobierno de un informe de impacto sobre la capacidad operativa de las comisarías de la Policía Nacional para evitar el colapso de las unidades de extranjería y documentación ante el incremento de carga de trabajo derivado del proceso de regularización extraordinaria?».