El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el anteproyecto para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. Así lo anunció esta semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien recordó que la Ley de Prevención de Riesgos necesita una reforma «profunda» porque se trata de una norma que data de 1995.
«Las relaciones laborales y los modelos productivos han cambiado de manera radical en Europa y en España, y ahora lo que vamos a hacer es abordar desde esa ley una prevención de riesgos laborales en nuestro país que se acomode a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades productivas», subrayó la ministra.
El Ministerio de Trabajo lanzó a mediados de marzo a audiencia e información pública el anteproyecto de ley, que incluye una actualización de las actividades laborales prohibidas a menores de 18 años.
Prohibición de Trabajo en Contextos de Exposición a Pornografía
El texto, que nace de un acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT, modifica una regulación vigente desde el Decreto de 26 de julio de 1957 sobre industrias y trabajos prohibidos a mujeres y menores por peligrosos o insalubres. Según el anteproyecto, los menores de 18 años tendrán prohibido trabajar en recintos de animales feroces o venenosos, en empleos para el sacrificio industrial de animales, en trabajos cuyo ritmo esté condicionado por máquinas y cuyo salario esté ligado a resultados, y en aquellos que impliquen exposición a actos o representaciones de carácter pornográfico o violentos.
Además, no podrán desempeñar trabajos que superen objetivamente sus «capacidades físicas o psicológicas», ni en labores que impliquen el uso de maquinaria, como sierras circulares, cepilladoras de madera y prensas, entre otras.
Estas actividades solo podrán realizarse en el marco de contratos formativos del Estatuto de los Trabajadores, siempre que se justifique su necesidad para la adquisición de aprendizajes, se realicen bajo supervisión continua y se adopten todas las medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos.
Estas prohibiciones se añaden a otras ya establecidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, y que ahora también se actualizan, incluyendo trabajos con exposición a radiaciones, sustancias tóxicas, agentes cancerígenos y biológicos; manipulación y fabricación de explosivos; minería; trabajos de elevación de cargas pesadas; y actividades en construcciones con riesgo de caídas o sepultamientos, entre otros.
Derecho a la Integridad Física y Moral
El anteproyecto modifica el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, incorporando el derecho a la integridad física y moral, así como a la protección contra la violencia y cualquier tipo de acoso. También propone una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para regular con mayor precisión las infracciones en materia de igualdad y no discriminación en empleo y acceso al mismo.
Se contemplan posibles reducciones del 40% en el importe de las multas cuando se cumplan varias condiciones, incluyendo que la sanción sea exclusivamente pecuniaria y que el responsable pague antes de la resolución y renuncie a otros recursos administrativos contra la sanción. No obstante, esta reducción no se aplicará cuando la infracción conlleve sanciones accesorias o esté relacionada con un accidente laboral.
Otra novedad es que la empresa estará obligada a establecer procedimientos de retorno al trabajo tras ausencias prolongadas por motivos de salud, así como garantizar la vigilancia de la salud física y mental de los trabajadores, que incluirá la realización de pruebas y exámenes sanitarios específicos periódicamente.
Agentes Territoriales de Prevención
El anteproyecto permitirá a los delegados de prevención contar con un aumento del 20% en su crédito horario, apoyará a las pymes mediante la figura del agente territorial de prevención, y garantizará la consulta a los sindicatos en la elección de las mutuas de accidentes de trabajo.
Además, incluye bonificaciones para la formación obligatoria en prevención de riesgos para empresas de menos de 10 trabajadores y establece que los delegados deben contar con formación de nivel básico adaptada a cada sector. También se reducirán los umbrales necesarios para constituir servicios de prevención propios.
En este contexto, la reforma busca visibilizar ciertos riesgos laborales que han ido en aumento, tales como los factores psicosociales, los riesgos asociados al cambio climático y el trabajo a distancia, así como las deficiencias en materia de desconexión digital.
Asimismo, se procura integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales, garantizando la protección equitativa para todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres. La reforma también busca incluir la diversidad generacional en la gestión preventiva y reforzar la protección de trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia, así como promover la sensibilización sobre la gestión de riesgos psicosociales y ergonómicos en el entorno laboral.