Comienzan las declaraciones del juicio contra la trama acusada de construir y trasladar ‘narcolanchas’
Los 11 acusados por su implicación en la construcción y traslado de ‘narcolanchas’ desde Vigo y el Norte de Portugal eran «perfectamente conocedores» de que se trataba de «género prohibido», según ha declarado este lunes el agente de la Guardia Civil instructor de la investigación, que ha situado «en la cúspide» de la organización a dos hombres con domicilio en Cataluña, Ramón S.V. y Sergio R.T.
Este testigo ha trasladado esta información durante la primera jornada de declaraciones en el juicio que se sigue por esta causa, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. En el banquillo se sientan 11 personas (y una empresa) por, supuestamente, construir en naves de Vigo y el norte de Portugal embarcaciones rápidas destinadas al narcotráfico, que eran posteriormente trasladadas para ultimar sus pertrechos y preparativos a diferentes puntos de España. Los investigadores siguieron la pista a casi una veintena de estas lanchas, algunas de las cuales acabaron intervenidas en operativos policiales contra el tráfico de hachís en el sur de la Península.
El instructor de las diligencias de la Guardia Civil ha declarado ante el tribunal que los procesados eran conscientes de que estaban construyendo y vendiendo embarcaciones consideradas prohibidas, y que se destinan al tráfico de estupefacientes. Prueba de ello, ha explicado, era que «sabían que no podían transportarlas cualquier camionero».
Además de estas precauciones sobre los conductores que hacían el transporte de las lanchas, este testigo ha explicado que la organización adoptaba medidas de seguridad para eludir la vigilancia policial y no llamar la atención, como mantener durante semanas las lanchas en dependencias de las empresas de transportes con las que colaboraban.
Organización
El testigo ha explicado que la trama funcionaba como una organización, donde dos de los acusados, Ramón S.V. y Sergio R.T., eran los que estaban al mando, dando las directrices para la construcción y transporte de las lanchas, y mantenían los contactos con los destinatarios finales de las embarcaciones. Los cabecillas, además, controlaban el funcionamiento de la red y tenían «una relación fluida» con la parte portuguesa de la trama. Esta parte aportaba instalaciones de astilleros para finalizar la construcción de las embarcaciones y, en ocasiones, motorizarlas.
En un plano intermedio, estaban otros dos acusados, Javier Marcial T.V. y Manuel L.S., que se encontraban físicamente en las naves donde se construían y acondicionaban las lanchas, mientras que el resto desempeñaba funciones como transportistas, receptores de las lanchas y gestores de las naves.
Polémica por el balizamiento
En la jornada de este lunes, los abogados defensores han insistido en cuestionar la medida de balizamiento de las supuestas ‘narcolanchas’. Argumentan que la Guardia Civil solicitó autorización para colocar dispositivos de seguimiento en embarcaciones rápidas que, en realidad, solo eran «cascos» de lanchas sin motorización, flotadores ni nada que indicara que eran un género ilícito.
Cuestionado sobre estas dudas, el instructor de la investigación ha reiterado que la concepción de una embarcación como «género prohibido» abarca «cualquier estadio de su fabricación». Ha señalado que las lanchas investigadas cumplían los requisitos para ser consideradas ilegales, por su eslora y por la disposición del potro central, así como el espacio del espejo de popa, preparado para la instalación de varios motores fueraborda. «El uso de ese tipo de embarcaciones, con esta estructura, no es otro que el tráfico de drogas», ha proclamado.
Este testigo ha reconocido que, sin ese balizamiento, habría sido «imposible» seguir los desplazamientos de las embarcaciones sospechosas y desarrollar la investigación policial.
Delitos y penas
La Fiscalía considera que los 11 acusados (más una empresa de transportes de O Porriño) formaban una estructura «empresarial, personal y material» que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, destinadas a operaciones de narcotráfico.
Les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, pues en el registro de su domicilio se le intervinieron casi 300 gramos de hachís y en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.
En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 ‘narcolanchas’, algunas de las cuales participaron en alijos de hachís en el sur de la Península. Por estos hechos, la Fiscalía pide penas que oscilan entre los 2 y 9 años de prisión, además del pago de multas que suman más de 80.000.000,00 euros. Para la empresa acusada, se solicita una multa de 14.000.000,00 euros y dos años de prohibición para obtener ayudas o subvenciones públicas, así como un año y tres meses de suspensión de las actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.