La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha solicitado a la Junta de Castilla y León que colabore con el Plan Estatal de Vivienda, presentado esta semana por el Gobierno central, con una aportación de 101 millones de euros, lo que se traduce en 25,5 millones anuales, para alcanzar una inversión global de 380 millones de euros en la Comunidad.
Durante su visita a los cuarteles de La Rubia en Valladolid, donde se construirán 200 viviendas «asequibles», Rodríguez destacó la necesidad de la colaboración de las comunidades autónomas en este plan, que actualmente está en «audiencia pública». La aportación de la Junta, según explicó, permitiría un aumento de más de 276 millones de euros en políticas públicas de vivienda al pasar de los 101 millones inicialmente propuestos a cerca de 380 millones.
La ministra argumentó que, cuando se expresa preocupación por no poder asumir este compromiso, se debe tener en cuenta que abordar el problema de la vivienda «cuesta». En el ámbito de la política pública, esto significa que es necesario contar con fondos públicos, tal como lo está haciendo el Gobierno de España. Además, insistió en que lo que se está solicitando es que la comunidad autónoma pueda destinar anualmente 25,5 millones de euros para políticas de vivienda de un presupuesto que supera los 15.000 millones de euros, como se refleja en el anteproyecto elaborado por la Junta para 2025, que asciende a 15.084 millones de euros.
Rodríguez enfatizó que «no hace falta ser un experto economista para entender que no estamos pidiendo la luna, sino un esfuerzo razonable para resolver lo que consideramos el principal problema de la ciudadanía, donde debemos aportar soluciones».
Precio del Alquiler
En relación con el problema de la vivienda y la negativa de la Junta a declarar zonas tensionadas, la ministra afirmó que esto está «impidiendo» intervención en el mercado y la consecuente reducción del precio del alquiler en ciudades como Valladolid o Segovia, donde la evidencia muestra que «el precio del alquiler está muy tensionado».
Isabel Rodríguez aseveró que esto «no es una utopía», ya que está sucediendo actualmente en España. Recordó que Cataluña fue la primera comunidad autónoma en aplicar estas medidas, lo que ha permitido en algunos barrios de Barcelona lograr una reducción del precio del alquiler de hasta un 8 por ciento en los últimos meses.
La ministra consideró que «es una realidad» y que es posible implementar medidas eficaces para aumentar el parque público de vivienda que necesita el país, subrayando que «no es nada revolucionario».
Asimismo, criticó que cuando se presentan estas propuestas, la oposición tiende a acusarles de «intervencionismo», pero mencionó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, ha instado a los estados miembros y a las regiones a «aplicar políticas de intervención de precio en el mercado del alquiler».
En este sentido, la ministra apuntó que en Castilla y León se han intervenido 1.000 pisos turísticos ilegales y animó a los ayuntamientos con mayor cantidad de este tipo de viviendas, así como a la comunidad autónoma, a tomar medidas para regular estos alojamientos y ofrecer «políticas» a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler residencial.
Rodríguez concluyó asegurando que el Gobierno central está adoptando estas políticas, incluyendo propuestas para gravar estos alojamientos con hasta un 21 por ciento de IVA, y promoviendo que se ofrezcan como alquiler residencial, por ejemplo, mediante ayudas a la rehabilitación si se destinan a este fin y no se utilizan como actividad económica para el turismo.