MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Juan Carlos Peinado investigue a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora Cristina Álvarez por presunta malversación. En un auto, los magistrados desestiman los recursos de ambas investigadas contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de llamarlas a declarar como investigadas por ese supuesto delito.
La Audiencia de Madrid señala que las conductas que trata el juez de instrucción parecen encajar en la figura delictiva de la malversación. «En la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente», indica el auto, «sin que por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva».
Los magistrados insisten en que «probablemente la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios».
POSIBLE EXTRALIMITACIÓN PARA FINES DELICTIVOS
Tras recordar, como en anteriores ocasiones, que no cuestionan el nombramiento de una asistente para la esposa del presidente del Gobierno, los magistrados insisten en «la posible extralimitación en sus funciones, tendente a favorecer el presunto plan delictivo de la principal investigada, Gómez».
Para ellos, «resulta dudoso» y puede ser un indicio de malversación que el nombramiento de Álvarez como asesora haya recaído en una amiga íntima de Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que se hace recaer en una persona de su máxima confianza, en lugar de un funcionario experto en protocolo para el mejor desarrollo de la función.
Ello insinúa que el nombramiento no fue para guiarla en el ámbito de las formalidades, ceremonias y actos oficiales, sino para garantizar el cumplimiento de un fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, generando así un perjuicio para el patrimonio público. Este hecho podría considerarse un acto dispositivo encuadrable dentro del tipo penal de malversación.
Los magistrados aclaran que la investigación no se centra en el cumplimiento de su trabajo por parte de la asesora, sino en la determinación de la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas. Esto se entiende no en el desarrollo de una actividad privada, sino en la constitución de un entramado que genera beneficios personales.
EL QUINTO DELITO IMPUTADO
El pasado 18 de agosto, el juez Peinado acordó imputar a la esposa de Pedro Sánchez y a Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asesora en Moncloa. Para justificar la imputación, el juez incluyó un extracto de un auto de la Audiencia Provincial que indicaba que «otro dato más a considerar es la amistad personal previa, siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Gómez».
Este hecho, para la Audiencia Provincial, «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que refuerza la indudable influencia de la Presidencia del Gobierno».
Así, es procedente citar en calidad de investigadas a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos, concluye el juez Peinado.
La imputación por malversación supuso para la esposa de Sánchez el quinto delito por el que la investiga el juez Peinado, que también le atribuye tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. En el marco de esta causa, el instructor mantiene abiertas cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; su gestión en la cátedra y en los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida del ‘software’ de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.