El 20 de diciembre de 2025, el Gobierno de España está tratando de buscar la manera de hacer efectivo el Tratado de Amistad firmado con Francia en enero de 2023. Esto se da luego de que el Congreso de los Diputados rechazara su ratificación en mayo y que el Tribunal Constitucional optara por no pronunciarse sobre el recurso presentado por el Senado, promovido por el Partido Popular (PP), al considerar que la negativa parlamentaria imposibilitaba su validación.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han indicado que «el Gobierno sigue trabajando para que entre en vigor el Tratado de Amistad con Francia, que será beneficioso para nuestros ciudadanos en múltiples aspectos», tras el revés que ha supuesto la decisión del Constitucional.
El principal obstáculo en la ratificación del Tratado de Amistad, firmado por el presidente Pedro Sánchez y el presidente francés Emmanuel Macron en la cumbre bilateral de 2023, es la participación de un ministro francés en las reuniones del Consejo de Ministros español al menos una vez cada tres meses y de manera rotatoria. Esto requiere modificar la Ley de Gobierno de 1997, que actualmente estipula que solo pueden asistir a esas reuniones los secretarios de Estado y otros altos cargos convocados para ello, excluyendo a extranjeros.
El Gobierno intentó una modificación a la Ley de Paridad en abril de 2024, la cual resultó fallida. Sin embargo, logró el cambio en la redacción mediante una enmienda a la Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en noviembre de 2024, que incluyó una coletilla que respeta los tratados internacionales válidamente firmados por España. Ante el retraso acumulado, dado que Francia ya había completado su proceso de ratificación, el Consejo de Ministros aprobó el envío urgente del Tratado a las Cortes el 28 de enero.
Recurso del Senado promovido por el PP
A pesar de esto, el Gobierno se enfrentó al rechazo del PP, que, utilizando su mayoría absoluta en el Senado, presentó el 12 de febrero un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El PP argumentó que permitir la participación de ministros franceses en el Consejo de Ministros podría vulnerar el artículo 98 de la Constitución Española, que establece que el Rey es el único asistente no miembro del Gobierno.
Mientras el Constitucional analizaba el recurso, el Tratado de Amistad continuó su tramitación en el Congreso, pasando un primer filtro en la Comisión de Exteriores gracias a la abstención del PP, que estaba a la espera de la decisión del TC. En la votación del 14 de mayo, el PP, Vox y UPN votaron en contra, mientras que la abstención de Junts y Podemos impidió que el Gobierno obtuviera la mayoría necesaria.
La única opción del Gobierno para ratificar el tratado dependía de que el Constitucional considerara el recurso del Senado como inválido o no inconstitucional en relación a la participación de representantes extranjeros en el Consejo de Ministros.
Reveses del Constitucional
Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió no pronunciarse sobre el recurso del Senado tras la negativa del Congreso a ratificar el tratado. En su dictamen, el magistrado Enrique Arnaldo explicó que cualquier declaración debía ser previa a la ratificación, y dado que el Congreso negó la autorización, el tratado no podía ser ratificado válidamente por España.
El Gobierno aún evalúa las opciones para ratificar el Tratado, considerando el impacto del retraso en la relación bilateral con Francia, un país con el que, debido a esta situación, aún no se ha concretado la celebración de una nueva reunión de alto nivel. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había prometido en enero de 2024 a su homólogo francés que el tratado estaría ratificado antes del verano de ese año, aunque aún no se ha decidido si se intentará nuevamente en las Cortes o se contempla la posibilidad de suprimir el artículo que ha causado controversia.
Las fuentes consultadas han asegurado que «la voluntad del Gobierno es y siempre ha sido que entre en vigor», recordando que la falta de avance ha sido resultado del voto en contra del PP, una situación que el propio Albares ha señalado en sus intervenciones parlamentarias.