La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que Madrid no se acogerá a la condonación de una parte de la deuda regional por parte del Estado «por responsabilidad y respeto a la verdad», al considerar que se trata de una normativa «ilegal». Este anuncio se produjo en el primer día del Debate del Estado de la Región, donde criticó que el Gobierno intentara «penalizar a las regiones mejor administradas» al ofrecerles «una invitación a seguir endeudándose».
Una doble trampa
La presidenta argumentó que existe «una conexión perversa» entre el cupo catalán y la condonación de la deuda. Según ella, primero se absorbe una parte importante de la deuda autonómica por parte de la Administración General del Estado, y acto seguido, se saca a Cataluña del régimen común con el cupo, lo que provoca que deje de contribuir al sistema de financiación general. Este proceso lo considera una «doble trampa».
Díaz Ayuso criticó además el intento del Gobierno de «dividir» a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, afirmando que esto le ha salido «muy mal». Mientras lo hace, el Gobierno de la nación, a juicio de Ayuso, intenta «acabar con la legítima autonomía fiscal» de Madrid, evidenciando su «desastrosa gestión ideológica».
En este contexto, la presidenta sostiene que la quita de la deuda es «una trampa para todos los madrileños y para España entera». Añadió que es necesario evaluar y difundir «el coste real y concreto de esta trampa fiscal» para conocer «cuántas becas, cuántas plazas de dependencia, cuántos médicos o profesores quedan comprometidos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid».
El impacto en la deuda regional
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica que plantea la condonación parcial de deudas a las comunidades autónomas. Según las estimaciones del Gobierno, el Estado asumiría un total de 8.644 millones de euros en deuda de la Comunidad de Madrid, lo que representaría una reducción de su pasivo del 24%.
Este proyecto implicaría que el Estado asumiría hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, beneficiando especialmente a Andalucía y Cataluña, con 18.791 millones y 17.104 millones de euros respectivamente, lo que supone más del 43% del total para estas dos comunidades.
Rechazo y defensa del gobierno madrileño
Diferentes comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han expresado su rechazo al anteproyecto de ley y se han comprometido a dar la «batalla» política y judicial para evitar que esta norma prospere. Sin embargo, algunos líderes regionales no han dejado claro si esto significará que no se acogerán a la quita de deuda.
Díaz Ayuso instó a cada grupo político y a cada diputado a dejar claro «con quién están, a quién defienden y a qué precio», solicitando a la sociedad que defienda «lo que es de todos» frente a un Gobierno que, según su opinión, está apostando por «una mutación constitucional por la puerta de atrás».
Finalmente, la presidenta subrayó que «las deudas se pagan». Si se materializa la condonación de la deuda, cada madrileño tendría una carga adicional de 483 euros, mientras que cada catalán podría ver reducida su deuda en 410 euros. «¿Cómo pueden estar provocando además este enfrentamiento entre regiones?», cuestionó.