Continúa a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia interpuesta la pasada semana, con la que se solicita la aplicación de medidas cautelares.
MÉRIDA, 10 sep. (EUROPA PRESS) – La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha emitido este miércoles, día 10, una resolución administrativa para adjudicar de manera directa la prestación del servicio de transporte escolar a las empresas que han realizado «históricamente» cada una de las rutas correspondientes, y que no han sido cubiertas en las licitaciones abiertas para tal fin por la Administración regional.
La medida ha sido adoptada por el Ejecutivo autonómico tras realizar una última licitación emitida este pasado martes, día 9, que suponía la número 10 sobre este asunto. En esta ocasión, se han cubierto 19 rutas más de transporte, quedando sin adjudicar 223 de las 579 rutas con las que cuenta en total la comunidad.
Con esta resolución administrativa, la consejería adjudica de manera directa a los transportistas que se homologaron en el acuerdo marco vigente para 2024, pero que no han licitado, la «obligación» de prestar un servicio «esencial» como el transporte escolar.
Así lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles en Mérida la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, quien ha apuntado que, si las empresas no cumplen con la resolución administrativa, entonces la Junta adoptará «las medidas oportunas».
«Hombre, si no lo hacen (si las empresas no cumplen con el servicio), pues tendremos que tomar las medidas oportunas, porque estamos hablando de una resolución administrativa», ha señalado.
A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA
Cabe recordar que, al margen de esta resolución administrativa, la Junta también se encuentra a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia interpuesta la semana pasada a empresas del sector que se estarían negando a aplicar el acuerdo marco suscrito en 2024.
En dicha denuncia, según ha recordado Mercedes Vaquera, la Administración regional solicitaba la adopción de unas medidas cautelares con el ánimo de «garantizar» la prestación del servicio público educativo.
Esta denuncia fue interpuesta, según ha incidido la consejera, «no porque las empresas no liciten, sino porque hay una intención por parte de algunas empresas, las minoritarias, de alterar el precio del servicio, y para ello han llevado a cabo coacciones y amenazas, poniendo en medio y perjudicando los derechos de miles de alumnos».
TRABAJO CONSTANTE
Finalmente, en relación a las críticas vertidas por los partidos de la oposición sobre la gestión realizada por la Junta en materia de transporte escolar, Vaquera ha insistido en que desde que el actual Gobierno regional llegó al poder en julio de 2023, está trabajando «constantemente» para que los alumnos dispongan de un servicio «esencial» como el transporte escolar.
«Desde ese momento hemos estado planificando, gestionando y tomando las medidas que en todo momento se han llevado a cabo», ha remarcado la consejera, quien ha afirmado que la Junta ha mantenido «en todo momento la mano tendida» al sector y que si ha tenido que tomar medidas como la denuncia en cuestión «es porque no ha quedado otra».
«A mí me gustaría decirle a todas esas personas que somos conscientes del problema, que hemos estado en todo momento con la mano tendida, que si hemos tenido que tomar algunas medidas, como por ejemplo presentar esa denuncia, es porque no nos ha quedado otra, porque nosotros estamos velando por los intereses de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, en ningún momento hemos dejado de trabajar para ello», ha señalado.
En todo caso, ha añadido que lo que no se puede consentir es que «se distorsione el mercado, que se intente alterar los precios y que se coaccione o se hagan amenazas, no solamente a esta Administración, sino a unas empresas que son la mayoría y que están trabajando y realizando su trabajo de una manera digna y honesta».