El Gobierno autonómico de Castilla y León ha manifestado su desacuerdo con la propuesta del Gobierno estatal de modificar la Ley de Transparencia para introducir un régimen sancionador por infracciones en materia de temporalidad en el empleo público. Se argumenta que el control de los nombramientos y contrataciones de personal en las Administraciones Públicas no forma parte del ámbito de aplicación de dicha Ley.
Fecha: 17 de septiembre de 2025
Autoridad: Castilla y León | Consejería de la Presidencia
En una reciente reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, expresó la oposición de la Junta a las iniciativas planteadas por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. La reunión incluyó la participación de representantes de todas las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.
El orden del día de la reunión incluía la intención del Gobierno estatal de modificar el TREBEP, la versión refundida del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde 2015 y actualizada por última vez en 2021. Entre los cambios propuestos, destaca la reducción de la permanencia del personal interino en el servicio público a un máximo de dos años —en lugar de tres, conforme a la normativa vigente—, así como la imposición de sanciones a las Administraciones Públicas que incurran en irregularidades en relación con la duración de estos nombramientos o contratos.
González Gago manifestó que la Junta de Castilla y León rechaza estas limitaciones, afirmando que no consideran la realidad operativa de sectores esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Los esfuerzos del Gobierno autonómico para estabilizar los puestos de estos empleados públicos, deben ir acompañados de la garantía de continuidad y calidad en la prestación de servicios públicos, especialmente en un territorio tan extenso y disperso como Castilla y León.
Se indicó que la aprobación de una Oferta Pública de Empleo y el desarrollo subsiguiente del proceso selectivo para incorporar funcionarios de carrera requiere más tiempo del estipulado, lo que hace que las restricciones propuestas sean ineficaces para asegurar la cobertura adecuada de los puestos públicos.
Desde esta perspectiva, el consejero advirtió que «establecer un plazo máximo de dos años de forma generalizada y sin excepciones podría generar disfunciones en la prestación de servicios básicos, dificultar la gestión ordinaria de los recursos humanos y limitar la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones imprevistas o coyunturales».
Además, la Junta de Castilla y León se opone a la modificación de la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador específico relacionado con la temporalidad en los nombramientos o contratos, ya que se considera que esta ley no es el mecanismo adecuado para regular aspectos vinculados a la contratación o gestión de personal en las Administraciones Públicas.
González Gago subrayó que «desde el Gobierno autonómico defendemos que la temporalidad y la estabilidad en el empleo deben abordarse mediante la normativa laboral y administrativa específica, respetando las competencias de cada ámbito y evitando la generación de duplicidades o conflictos normativos que podrían complicar la gestión pública sin aportar mayor seguridad jurídica ni eficacia en la lucha contra la temporalidad».
Sin embargo, la Junta ha mostrado su disposición a aceptar la creación de un aplicativo informático que facilite el control y seguimiento de la temporalidad en las Administraciones Públicas, reconociendo que esta herramienta podría contribuir a una gestión más transparente y eficiente del empleo público.
Adicionalmente, el Gobierno autonómico se compromete a respaldar otras propuestas incluidas en el orden del día de la Conferencia Sectorial, que abarcan medidas para fomentar la transformación digital de las Administraciones Públicas, facilitando trámites más ágiles y accesibles para los ciudadanos, así como la creación de un Grupo de Trabajo destinado a desarrollar una red de interconexión entre los servicios de atención al ciudadano, lo que permitirá una mejor coordinación y una respuesta más rápida a sus necesidades.