El Gobierno autonómico de Castilla y León ha expresado su disconformidad con la propuesta de modificar la Ley estatal de Transparencia. Esta modificación implicaría establecer un régimen sancionador por infracciones en materia de temporalidad en el empleo público, lo que, según la Junta, no es competencia de dicha ley, ya que esta no regula los nombramientos ni la contratación de personal en las Administraciones Públicas.
17 de septiembre de 2025
Castilla y León | Consejería de la Presidencia
El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, participó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, presidida por el ministro de Transformación Digital y Función Pública del Gobierno de España, Óscar López. A esta reunión asistieron también representantes públicos de todas las comunidades autónomas con competencias en esta materia.
Propuestas gubernamentales en la agenda pública
Dentro del orden del día, se presentó la intención unilateral del Gobierno estatal de modificar el TREBEP, conocido como la versión refundida del Estatuto Básico del Empleado Público, que comenzó su vigencia en 2015. La última redacción de este estatuto es de 2021. Además, el ministro también anunció la intención de modificar la Ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El principal objetivo de estas modificaciones es endurecer las limitaciones de permanencia del personal interino en el servicio público a un plazo máximo de dos años, en lugar de los tres años que establece la normativa actual. También se plantean sanciones para las Administraciones Públicas que incurran en irregularidades respecto a la duración de nombramientos o contratos.
Rechazo a la limitación en los nombramientos
González Gago ha manifestado el rechazo de la Junta de Castilla y León a la limitación en los nombramientos de personal interino. Esta decisión, sostiene, no toma en consideración la realidad operativa de sectores esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Los esfuerzos del Gobierno autonómico para estabilizar las plazas de estos empleados deben ir de la mano de una garantía de continuidad y calidad en los servicios públicos, especialmente en un territorio extenso y disperso como Castilla y León.
Asimismo, el consejero ha destacado que la aprobación de una Oferta Pública de Empleo y el desarrollo de los procesos selectivos para la incorporación de funcionarios de carrera requieren un tiempo mayor al de dos años propuesto, haciendo que esta limitación sea ineficiente para garantizar una adecuada cobertura de los puestos públicos.
Impacto en la prestación de servicios
“Establecer un plazo máximo de dos años de forma generalizada y sin excepciones podría provocar disfunciones en la prestación de servicios básicos, dificultar la gestión ordinaria de los recursos humanos, y limitar la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones imprevistas o coyunturales”, alertó González Gago.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León también se opone a la propuesta de modificar la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador específico relacionado con la temporalidad en los nombramientos o contratos. Desde la Junta consideran que esta ley no es el instrumento adecuado para regular ni controlar aspectos vinculados a la contratación o gestión del personal en las Administraciones Públicas.
Propuesta para mejorar la transparencia en la gestión pública
Como lo ha resaltado González Gago, “defendemos que la temporalidad y la estabilidad en el empleo deben abordarse mediante la normativa laboral y administrativa específica, respetando las competencias de cada ámbito y evitando la generación de duplicidades o conflictos normativos que complicarían la gestión pública”.
No obstante, la Junta de Castilla y León ha aceptado la propuesta del ministro de crear un aplicativo informático que facilite el control y seguimiento de la temporalidad en las Administraciones Públicas, reconociendo que esta herramienta podría contribuir a una gestión más transparente y eficiente del empleo público.
Por último, el Gobierno autonómico está de acuerdo con el resto de propuestas presentadas en el orden del día de la Conferencia Sectorial, que incluyen medidas para impulsar la transformación digital de las Administraciones Públicas, facilitando trámites más ágiles y accesibles para los ciudadanos, y la creación de un Grupo de Trabajo destinado a desarrollar una red de interconexión entre servicios de atención al ciudadano, lo que permitirá una coordinación más eficiente y una respuesta más rápida a sus necesidades.