SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) – La Consejería de Cultura dará los pasos necesarios para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el cementerio histórico de Comillas en su totalidad, ya que actualmente solo tiene esta catalogación la fachada principal.
El camposanto, que pertenece al Obispado de Santander, se está deteriorando y sufriendo daños estructurales. Sin embargo, la Consejería no puede actuar en los lugares que no están protegidos por la figura del BIC, como ha explicado su titular, Luis Martínez Abad, en el Pleno del Parlamento.
«Desde Cultura no podemos hacer mucho más de lo que ya hemos hecho desde el punto de vista de la seguridad», ha indicado, añadiendo que en caso de inacción del propietario, la Consejería podría tomar las medidas necesarias y repercutirle posteriormente los gastos de reparación.
Además, ha señalado que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico concede al Obispado de Santander una subvención nominativa que este 2026 será de 260.000 euros, y que la institución podría utilizar para acometer esta actuación.
El consejero se ha comprometido a ir «de la mano» de la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda (PRC), con quien ya ha hablado de este asunto, para buscar «la solución más rápida a este problema».
El cementerio ha sufrido la erosión y caída de algunas piedras, poniendo en peligro la seguridad de los visitantes. Según Martínez Abad, el primer aviso sobre el mal estado se recibió por parte de la Policía local de Comillas en abril de 2025, lo que llevó a la Inspección del Servicio de Patrimonio Cultural a comprobar el estado in situ.
El pasado 3 de marzo se recibió una nueva queja del Ayuntamiento, y en ambos casos «se trasladó inmediatamente, vía oficio, al Obispado de Santander su obligación y la necesidad, por seguridad, de acometer las medidas necesarias», ha asegurado el titular de Cultura en el Pleno a preguntas del PRC, que le ha instado a «hacer de esto su causa», «coger las riendas y ejecutar la rehabilitación».
VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
Por otra parte, el consejero de Turismo ha informado durante la sesión plenaria que se han recibido hasta el 20 de marzo un total de 996 solicitudes de viviendas de uso turístico. De estas, 421 cuentan con un informe de compatibilidad positivo, 86 negativo y 489 están pendientes de ser analizadas.
Esto se ha detallado en respuesta a otra batería de preguntas del PRC sobre este tipo de viviendas. Se debe instruir los expedientes para ver cuáles son para inscribir y cuáles para cancelar o suspender.
En relación a la disposición transitoria única que establece el decreto para que las viviendas ya registradas se adapten a la nueva normativa, que concluye este miércoles, 25 de marzo, Martínez Abad ha indicado que la Consejería ha dictado una instrucción que permite continuar la tramitación de los expedientes de adaptación cuando el interesado haya acreditado haber solicitado a tiempo los informes o documentos exigidos.
Es decir, si el titular solicita antes del miércoles el informe municipal de compatibilidad urbanística al ayuntamiento correspondiente, «no se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria mientras dicho informe se encuentre pendiente de emisión».
Además, Martínez Abad ha matizado que la aplicación de estas instrucciones se realizará «sin perjuicio» de las competencias que correspondan a los ayuntamientos en materia urbanística, ni de las decisiones que puedan adoptar las unidades de propietarios, ni de las facultades de comprobación, inspección y control que corresponde a la Dirección General.
Por último, ha recordado que en este ámbito se han creado cinco nuevos puestos de inspectores y ha transmitido que ningún propietario de vivienda de uso turístico tiene «por qué estar preocupado», ya que el decreto protegerá a todos aquellos que «tengan intención de cumplir con él y con sus obligaciones».
Por otro lado, los regionalistas también han formulado una pregunta al consejero de Universidades, Sergio Silva, para saber si el Gobierno regional (PP) va a «permitir» que la Universidad de Cantabria «privatice» su servicio de reprografía. Al respecto, Silva ha defendido el principio de autonomía universitaria y ha opinado que el Gobierno «ni debe, ni puede inmiscuirse en la gestión administrativa» de la Universidad de Cantabria. «No tenemos los medios, y creo que tampoco, aun teniéndolos, debiéramos inmiscuirnos», ha zanjado.