El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una cuestión de competencia, al igual que su exasesor Koldo García, para que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia se celebre en la Audiencia Nacional (AN). Esta solicitud se produce tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo y compartido por el exministro en redes sociales, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, argumenta que el informe de la UCO «pone de manifiesto de forma evidente» que el exministro sigue siendo investigado, a pesar de que la investigación «se diga realizar respecto a Pardo de Vera».
Según la defensa, “lo que identifica la identidad de pesquisas e investigación es el objeto de las mismas, y el informe fundamentalmente viene referido a la contratación de mascarillas cuando ostentaba la condición de ministro Ábalos”.
En este sentido, el letrado alega que esta información «acredita» que, o bien la investigación se ha seguido produciendo al margen del proceso —»lo que evidentemente no sería procedente»—, o que aquella instrucción «se ha cerrado de forma apresurada e indebida». La «celeridad que dio lugar a la conformación de la situación de prisión que sufre hoy mi representado», agrega.
Por otro lado, apunta a la posibilidad de que exista una «instrucción paralela en el marco de las diligencias de la Audiencia Nacional». De este modo, la defensa considera que, ante la novedad en la investigación, se debe «paralizar la tramitación del procedimiento y volver a la instrucción, al ser evidente que la información que contiene el informe integra hechos relevantes y referencia a sujetos intervinientes que debían ser objeto de la tramitación de un mismo proceso».
Si no se retorna el procedimiento a la fase de instrucción y se “tiene constancia de la evidente identidad de procedimientos que se están llevando de forma paralela en la Audiencia Nacional”, el Supremo «debería acceder a inhibirse en la tramitación» a favor de la AN, sostiene.
Turiel considera «evidente que en ambas causas se investigan a las mismas personas, por los mismos hechos, el mismo periodo, y sobre las pretendidas entregas de dádivas por parte de Víctor de Aldama». Asimismo, la letrada destaca la necesidad de unificar la tramitación en una sola causa, alegando que «no procede discriminar en procesos diversos el enjuiciamiento y vista de los mismos».
Adhesión al escrito de Koldo García
En este contexto, Ábalos manifiesta que se adhiere «en toda su extensión» al escrito presentado el pasado lunes por la representación del exasesor ministerial Koldo García, en el que se denuncia la vulneración del principio ‘nom bis in idem’. Esto se basa en el entendimiento de que la AN instruye los mismos hechos por los que el TS ya ha acordado abrir juicio contra él, Koldo y Aldama, «rompiendo con ello la contingencia de la causa y la puesta en peligro del principio de doble incriminación».
La defensa de Koldo, por su parte, insiste ante los magistrados del TS en la alegación que ya presentó en febrero durante la vista previa del juicio, cuando solicitó que el caso se enviara a la AN, ya que allí está siendo investigado por los mismos delitos y durante el mismo periodo.
Los investigadores de la UCO señalaron en un nuevo informe que Pardo de Vera intercambió mensajes con Koldo antes de la adjudicación del contrato de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa en el centro de la presunta trama. Esto permite «inferir» que Koldo intervino en la selección y que, a través de ella, la contratación se llevó a cabo.
A raíz de esto, Ábalos y su letrado también se adhieren a las alegaciones de García sobre «la producción de una selección arbitraria de imputaciones carentes de sentido procesal alguno». Esto se debe a que el informe menciona a Pardo de Vera y otros funcionarios en la gestión de la compra de mascarillas, «con el probable intento de evitar una imputación de los funcionarios intervinientes en los procesos de contratación».
Turiel argumenta que hay una vulneración del derecho de defensa debido a la falta de devolución de los dispositivos y teléfonos intervenidos a los encausados, «teniendo constancia de la amplia difusión de estos por los medios de comunicación».
Por lo tanto, se solicita al TS que proceda a inhibirse de la competencia a favor de la AN y dé opción a la declaración de nuevos investigados, así como a la devolución de dispositivos para articular las defensas correspondientes.