MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado este miércoles en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en los registros de su despacho y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se llevaron más información de la autorizada por el juez porque técnicamente era imposible filtrar antes de copiar.
Estas declaraciones se han producido en la quinta jornada de la vista oral que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, persecución que involucra a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los agentes, un total de ocho de la UCO, participaron en registros simultáneos que duraron más de diez horas el 30 de octubre de 2024, como resultado de una orden del magistrado instructor, Ángel Hurtado. Declararon que copiaron toda la información contenida en teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y cuentas de correo electrónico, a pesar de que el auto que autorizaba los registros establecía un límite temporal comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024.
Ante las preguntas de las acusaciones, los agentes expusieron que la razón para llevarse toda la información era que era técnicamente imposible limitar la captura de datos a ese intervalo de fechas. Algunos añadieron que el filtrado de la información se realizó posteriormente, al seleccionar los datos.
Específicamente, informaron que en el despacho de García Ortiz se copiaron los contenidos de dos teléfonos móviles, tanto el personal como el de trabajo, un disco duro de respaldo del ordenador de sobremesa y tres cuentas de correo, dos oficiales y una personal. Aclararon que, durante la revisión del contenido del ordenador, sí se seleccionaron archivos, aunque no pudieron concretar si fueron limitados a ese marco temporal.
Interrogados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, los agentes confirmaron que García Ortiz y el personal de la Fiscalía General del Estado mostraron una «actitud colaboradora», incluso facilitando contraseñas para acceder a la información. En cuanto a Rodríguez, señalaron que recogieron información de dos teléfonos móviles, del ordenador de sobremesa y de cuatro cuentas de correo electrónico.
Se pregunta por el cumplimiento del límite temporal
El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, destacó que, al no restringir el acceso a los datos en los dispositivos electrónicos a las fechas indicadas, los agentes extrajeron «7 meses y 22 días» de información. En el caso de Rodríguez, quien fue procesada pero finalmente exonerada, se subrayó que su móvil personal contenía datos desde 2018.
Ocio cuestionó: «Entonces, ¿no acataron el límite temporal?» A lo que un agente respondió: «En la medida de lo posible había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos». Otro agente indicó que, respecto a los correos electrónicos, se podría haber filtrado la información solicitando imprimir correo a correo, aunque esto habría demandado semanas.
Ocio también recordó que al cierre del registro se quejó del «carácter desproporcionado de la documentación que se estaban llevando» del despacho del fiscal general.