Zaragoza, 14 de octubre (Europa Press) – El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón está cerrando la firma de los nuevos convenios de ayuda a domicilio para personas dependientes con las comarcas y los ayuntamientos. Los precios de estos convenios variarán, pasando de 20 y 21 euros por persona en comarcas con especial disposición a 25,7 y 26,7 euros, según ha avanzado este martes la consejera, Carmen Susín, en la Comisión de las Cortes de Aragón, a propuesta de PSOE e IU.
En su intervención, Susín ha afirmado que Aragón ha dado «pasos muy importantes en estos dos años para mejorar el sistema de atención a la dependencia» con «mejoras indiscutibles», aunque ha reconocido que «queda camino por recorrer». Además, ha recalcado que «la financiación está congelada por el Gobierno de España» y que las exigencias de los independentistas «ponen en riesgo» la asistencia en otras comunidades.
La consejera ha señalado que se ha dejado de «topar» el acceso de los ciudadanos a las solicitudes. El sistema reconoce el derecho a ser atendidos a 41.000 aragoneses, de los cuales solo 120 personas están en «el limbo de la dependencia». Aragón se encuentra en los niveles más bajos de lista de espera de más de seis meses.
El año pasado se emitieron más de 900 resoluciones de atención a la dependencia y 4.158 en lo que va de año. Esta mejora, según Susín, es fruto de haber puesto medios y recursos para la valoración. Actualmente, el número de personas atendidas supera los 47.941, con más de 63.000 prestaciones en vigor, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior. De estas, el 40% corresponden a prestaciones económicas en el hogar.
Programas y propuestas para el futuro
Respecto al programa individual de atención, este incluye al 56% de las personas dependientes y el tiempo medio de resolución es de 152 días, tres menos que en agosto y «muy por debajo de la media nacional», subrayó Susín.
En septiembre, las solicitudes en lista de espera llegaron a 4.900, reflejando una reducción de más del 30%, la cifra más baja desde marzo de 2022. Las personas que llevan más de seis meses de espera suman 704, siendo solo cuatro comunidades las que están por debajo de la media nacional.
La consejera destacó que «hay que seguir avanzando» en prestaciones. La opción de tener un cuidador en casa ha tenido buena acogida, con 690 familias inscritas en este programa. Por otro lado, hay 10.849 personas con prestaciones de teleasistencia y 10.342 con una prestación vinculada al servicio, además de más de 12.000 personas que cuentan con prestación para una residencia.
En cuanto a la financiación, Susín ha enfatizado que para aumentar las prestaciones o mejorar la teleasistencia «hacen falta presupuestos», y subrayó que se va a pagar un 25% más por las plazas en residencias. Aseguró que el Gobierno anterior dejó las residencias comarcales «al borde de la quiebra».
Por otro lado, ha instado al Gobierno de España a crear un grupo de trabajo que busque soluciones para el empleo en centros asistenciales y en el ámbito de la ayuda a domicilio, incluyendo medidas en extranjería, educación y empleo. También defendió el nuevo modelo aragonés de «Casas del Mayor» y la implementación de la prestación del cuidador profesional.
Crisis en la atención a la dependencia
Durante la intervención de la parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, se exigió que la plantilla de atención «sea estable y dimensionada». Criticó que «el papel no garantiza que las personas tengan la prestación que necesitan» y que las prioridades del Gobierno pasan por «prestaciones de bajo coste». Al respecto, indicó que el gasto público en cada persona dependiente es un 33% menor que la media nacional.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, subrayó que el sistema basado en prestaciones es «transitorio» para llegar a un sistema público de cuidados. Señaló que las ayudas para cuidadoras profesionales están por debajo de la media nacional y que el sistema actual es «disfuncional». “La ayuda a domicilio es escasa», concluyó.
Finalmente, desde el grupo parlamentario del PP, Silvia Casas, defendió que el sistema de atención a la dependencia ha mejorado significativamente en este último tiempo, mientras que David Arranz, de Vox, hizo hincapié en que «la atención a la dependencia no es una cuestión estadística, sino vidas y personas». Alertó sobre la creciente demanda de servicios, con decenas de miles de expedientes activos.
Isabel Lasobras, diputada de CHA, enfatizó la necesidad de transformar y reforzar el sistema de servicios sociales, y propuso conectar la plataforma de la dependencia con Atención Primaria para mejorar la gestión. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, concluyó recordando la importancia de abordar las necesidades individuales de cada persona dependiente de forma proactiva.