Modernización del Proceso Penal
Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños explicó que la reforma busca adaptar el sistema penal español a las demandas del siglo XXI. «Quiero que se entienda que históricamente, después de 143 años, hemos logrado avanzar», afirmó. Resaltó que han tenido que pasar numerosos eventos históricos y cambios políticos antes de que un gobierno pueda aprobar un nuevo marco legal para la materia.
Detalles del Proyecto de Ley
Bolaños destacó que este texto transformará el modelo de instrucción actual, permitiendo que la Fiscalía asuma la dirección de las causas penales. Según el ministro, esto alinea el proceso penal en España con los estándares de democracias europeas y occidentales. Además, la norma establece que el fiscal general del Estado no tendrá que coincidir en mandato con el Gobierno, asegurando así una mayor independencia.
Además, el proyecto contempla una nueva figura, un juez de garantías, que supervisará las investigaciones penales. También se designará a un segundo juez para decidir sobre la apertura del juicio oral y un tercero que se encargará del juicio en sí.
Críticas y Reacciones
En respuesta a las críticas recibidas por la nueva legislación, especialmente de algunas asociaciones judiciales, Bolaños expresó que le «duele» que se cuestione la «profesionalidad y la imparcialidad» del Ministerio Público. Insistió en que este tipo de críticas afectarán más a los fiscales que a él mismo.
Limitación de la Acusación Popular
Un aspecto controvertido del proyecto es la limitación de la figura de la acusación popular, que ahora se restringiría exclusivamente a personas físicas y excluiría a entidades jurídicas como partidos políticos y sindicatos. Bolaños argumentó que actualmente, la acusación popular se utiliza a menudo como un mecanismo por parte de organizaciones de extrema derecha para atacar a personas con posturas progresistas.
Iniciativas Legislativas y Cambios Futuros
Este proyecto incluirá modificaciones al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, extendiendo el mandato del fiscal general a cinco años y separándolo del ciclo gubernamental. Esto significa que el Ejecutivo no podrá interferir en las decisiones de la fiscalía, logrando así una mayor autonomía en su funcionamiento y fortaleciendo el papel de la Junta de Fiscales de Sala.
También se introducirá una nueva dinámica en la relación entre la Fiscalía y la policía judicial, estableciendo que la policía tendrá una dependencia funcional ante la fiscalía durante las investigaciones, lo que requiere un respeto hacia la jerarquía policial existente.
La ley está concebida para entrar en vigor el 1 de enero de 2028, evitando así su aplicación a los procedimientos ya iniciados y al actual fiscal general, cuyo mandato finaliza en 2027. Con estos cambios, el Gobierno espera modernizar el sistema judicial y alinearlo con las necesidades actuales de la sociedad.