La querella, que abarca delitos de injurias y calumnias graves, ha sido presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este desarrollo legal se produce semanas después de que Arrabal denunciara a Landaluce por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual ante el Tribunal Supremo, dado que el alcalde es senador.
En el documento de la querella, Landaluce ha detallado una serie de manifestaciones públicas realizadas por Arrabal en diversas ruedas de prensa y declaraciones a medios, donde le atribuyó «conductas de extrema gravedad», incluyendo supuestas acciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual. Estas acusaciones se sustentan, según el alcalde, en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se intentaba presentar como víctimas.
El alcalde reseña que estas afirmaciones fueron hechas «con plena conciencia de su falsedad o, al menos, con un temerario desprecio hacia la verdad». A pesar de ello, «las personas directamente aludidas habían negado públicamente los hechos y solicitado respeto ante la utilización política de su identidad y vida personal».
Las acciones legales llevadas a cabo están basadas en la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad, así como en un delito contra la integridad moral. Landaluce considera que «la campaña de difamación desplegada ha trascendido el legítimo debate político», convirtiéndose en «un ataque personal continuado con graves consecuencias en los planos individual, familiar e institucional».
En su comunicado, Landaluce ha hecho hincapié en que «ha dejado constancia de forma clara e inequívoca de su condena absoluta a cualquier forma de violencia contra las mujeres» y ha rechazado de manera frontal la manipulación de causas especialmente sensibles con fines partidistas. «La utilización de acusaciones falsas o insinuaciones infundadas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor», concluyó el alcalde, quien aunque se encuentra de baja provisional del Partido Popular, mantiene su cargo mientras se aclaran los hechos.
Antes de interponer la acción penal, el alcalde intentó celebrar un acto de conciliación con Rocío Arrabal con el único objetivo de obtener una rectificación pública. Sin embargo, este acto concluyó sin avenencia, dado que la querellada no compareció en el Juzgado de Instrucción de Algeciras, lo que motivó la presentación de la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
José Ignacio Landaluce ha subrayado que sus acciones legales buscan «defender el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad». Además, ha advertido que se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones legales correspondan «frente a quienes reproduzcan o amplifiquen dichas acusaciones falsas por cualquier medio».