MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) – El juez que investiga el ‘caso Leire Díez’ tiene previsto realizar este miércoles las primeras declaraciones de la causa, empezando con los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, que comparecerán como testigos después de que denunciaran un posible intento de soborno por parte de la exmilitante socialista.
A la vez, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha llamado a Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’, para que testifique sobre si Díez le habría ofrecido protección y favores a cambio de que le facilitara información sobre el Instituto Armado.
Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el ‘caso Villarejo’, y Grinda, fiscal del ‘caso 3%’, presentaron denuncias por esos presuntos hechos ante la Fiscalía, que pidió al juez que las incorporara a la causa. Aunque al principio el instructor se opuso, después aceptó esa petición.
En su denuncia, Stampa explica que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo con Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento. Durante esa reunión, Díez y Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «había dado la orden de limpiar, sin límite» al hacerse pública la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez.
«LA PERSONA DEL PSOE»
Stampa afirma que, al preguntarle a Díez quién era, la mujer le contestó que era «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso». Cuando el fiscal le preguntó a qué se refería, la exmilitante socialista supuestamente respondió que se trataba de «las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».
En la denuncia, Stampa indica que no le propusieron «ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa», pero que sí le preguntaron «en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades» que pudiera conocer de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, y el magistrado Manuel García Castellón.
Sobre la reunión, señala que concluyó sin que consiguieran de él «ni una sola de las ‘informaciones’ que equivocadamente esperaban obtener». Además, aseguró que el objetivo de sus interlocutores «no era disculparse». Indica que le citaron a través de un tercero, que le trasladó «el interés del Gobierno» en contactar con él «con el fin de disculparse» por el trato que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.
«LAS MÁS ALTAS INSTITUCIONES»
En la misma línea, el fiscal anticorrupción Grinda denunció que un periodista le ofreció un «soborno» que decía estar avalado por «las más altas instituciones o personas del Estado», dando el nombre de «Leire». Esto fue para que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre comportamientos delictivos de su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra.
Grinda presentó la denuncia al propio Luzón y relata que se reunió con su «amigo» Pere Rusiñol, también investigado, el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid porque le había dicho que quería verle y le indicó que «tenía una propuesta de alguien», sin especificarle quién y dándole dos folios doblados.
Entre las peticiones, se le solicitaba archivar varias causas «reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas», concretamente los casos «Pujol-Draco, 3%, Sumarroca, Aguas de Girona y ZED», así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.
Grinda expone que le aseguraron que esa oferta «ya no tenía vuelta atrás» y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir a terceras personas ni al fiscal general del Estado.
Cuando le citaron para ratificar la denuncia, comentó que se reunió con Rusiñol porque «le consideraba un amigo», y que le aseguró que no conocía el contenido de los dos folios, pero que iban «enviados por personas», no como «periodista».
«ACTUACIÓN DELICTIVA, CONTINUADA Y COORDINADA»
Por su parte, el comandante Villalba ha sido llamado por el juez Arturo Zamarriego después de que Hazte Oír denunciara que Díez se reunió con él en marzo de este año «para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista».
Los tres investigados -Díez, Pérez Dolset y Rusiñol- están citados a declarar el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en una causa que se abrió después de que se dieran a conocer audios en los que se escucha a la exmilitante del PSOE ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
El Ministerio Público y el juez instructor consideran que Díez «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con Pérez Dolset y Rusiñol para recabar dicha información con el fin de «anular o malbaratar» las investigaciones de la Benemérita y Anticorrupción en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».