MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) – El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con los votos del PP, Vox, Junts y PNV, la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para la constitución de un Consorcio bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para diseñar inversiones en esa comunidad y mejorar su ejecución. Esta iniciativa también fue defendida por el PSOE y otros partidos de izquierdas.
Durante el debate, la propuesta fue rechazada por 181 votos de PP, Vox, Junts, PNV y UPN, mientras que a favor se pronunciaron 168 votos del resto de formaciones representadas en la Cámara Baja.
La proposición de ley para la creación del consorcio de inversión estaba contemplada en el acuerdo para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre el PSC y los republicanos. Su objetivo era la gestión y ejecución de las inversiones del Gobierno en Cataluña, además de encargarse de la redacción del Plan Plurianual de Inversiones y de los programas que lo desarrollen, así como del seguimiento y evaluación de las actuaciones inversoras del sector público estatal en Cataluña.
Tras la votación, la diputada de ERC Inés Granollers reprochó a Junts su alineación con el PP y Vox para bloquear el consorcio. «Votar contra Cataluña nunca debería ser una opción», declaró en un comunicado de su formación.
Según Esquerra, Junts ha priorizado el partidismo por encima de las inversiones en Cataluña, acusándoles de ser «el partido del no a todo, ninguna propuesta, ninguna concesión, siempre enfadados, siempre no». Granollers garantizó que su formación seguirá insistiendo en el consorcio a pesar de la derrota.
El PSOE lo ve útil para otras comunidades
En el debate parlamentario, el PSOE defendió el consorcio, argumentando que con ese modelo bilateral las comunidades autónomas también podrían decidir «dónde se invierte», dado que son quienes «mejor conocen el territorio», según palabras del socialista catalán José Zaragoza.
Desde Sumar, la dirigente de los Comunes, Candela López, señaló que Cataluña arrastra un «déficit histórico» de inversión y ejecución, reclamando inversiones en proyectos como Cercanías, y criticando la ampliación del aeropuerto. En su opinión, el consorcio podría ayudar a generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones, así como a cumplir con compromisos en materia de infraestructuras.
Por su parte, la diputada de Podemos, Martina Velarde, expresó que la iniciativa «va en buena dirección», aunque advirtió que debe «afinarse y concretarse bastante más». También mostró su preocupación de que el consorcio genere mayor complejidad institucional o solapamientos, pidiendo transparencia y claridad institucional, además de cerrar la puerta a más peajes en carreteras.
«Cataluña no necesita chiringuitos»
En cambio, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, advirtió que con este consorcio se acepta que las infraestructuras estratégicas catalanas «sigan controladas desde Madrid». Reconoció que la ley parte de un diagnóstico «correcto», el de que «Madrid no paga», pero sostiene que Cataluña «no necesita chiringuitos, sino cobrar lo que Madrid debe».
La diputada del PP, Cristina Agüera, rechazó la proposición alegando que lo que realmente «beneficia y necesita» Cataluña es que «lleguen las inversiones», en lugar de crear «más estructuras» o repartir más «sillas».
Finalmente, el diputado de Vox, Juan José Aizcorbe, también se opuso a la proposición, considerando que no nace para resolver problemas ciertos, sino para atender «peajes» políticos, apuntalar «mayorías inestables» y revestir de interés general lo que, a su juicio, responde a necesidades de «supervivencia parlamentaria».