El Gobierno de Aragón, liderado por la vicepresidenta en funciones Mar Vaquero, ha anunciado la presentación de un recurso judicial contra el reciente Real Decreto de regularización de inmigrantes. Esta decisión, tomada en el Consejo de Gobierno, busca frenar lo que consideran una medida que «tensiona nuestros servicios públicos».
El recurso se presentará a propuesta del Departamento de Bienestar Social y Familia y se basa en la «falta de transparencia y de recursos por parte del Estado» para implementar dicho Decreto. La vicepresidenta Vaquero califica este Decreto como «una irresponsabilidad legislativa» que requiere la protección del interés general, la seguridad jurídica y la calidad de los servicios públicos en la comunidad autónoma.
El Real Decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de abril, modificando el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, lo que abre la puerta a un proceso de regularización masiva de inmigrantes.
Implicaciones de la Medida
El Gobierno de Aragón fundamenta su impugnación en la «opacidad» del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no respondió a las alegaciones presentadas en febrero pasado. Además, señalan que el Gobierno de España ha «ocultado el impacto económico» de esta medida, y no ha contemplado la carga administrativa y de gestión que conllevará para la sanidad, la educación y los servicios sociales en Aragón.
Esta iniciativa de regularización masiva, según el Ejecutivo autonómico, «incentiva un efecto llamada» y representa un agravio comparativo para extranjeros que cumplen con la legalidad para residir en España.
El Gobierno aragonés se compromete a agotar todas las vías judiciales para oponerse a una decisión que consideran impuesta unilateralmente y sin diálogo. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez «insiste en tomar acuerdos cuya única finalidad es tensionar la relación con las comunidades autónomas».
La vicepresidenta subrayó que este Decreto ocasiona un mayor gasto presupuestario, el cual «no viene con financiación del Gobierno de España», y ha sido aprobado «de espaldas a las comunidades autónomas». Vaquero destacó que esta política se lleva a cabo sin considerar los intereses de los aragoneses, planteando un «escenario de descontrol» y motivos puramente políticos detrás de la regularización.
Finalmente, Mar Vaquero reafirmó el compromiso del Gobierno de Aragón de cumplir con la normativa vigente, pero insistió en que rechazan «esta regularización descontrolada, interesada y por motivos políticos» implementada por la administración central.