Moncloa espera poder aprobar el decreto en el Consejo de Ministros de la próxima semana, tras no haber podido hacerlo en las dos ocasiones anteriores. El Gobierno sostiene que la principal dificultad para aprobar el decreto de embargo de armas a Israel radica en una de las nueve medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: la prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales de Cisjordania.
El Ejecutivo no logró aprobar el decreto en el Consejo de Ministros de esta semana y el retraso ha generado críticas y malestar en el socio minoritario de la coalición, Sumar, que ha apuntado a reticencias del ala social del Gobierno. Sin embargo, los socialistas lo han negado, argumentando que existen dificultades técnicas en la redacción del texto. Aún así, aseguraron que la decisión estaba tomada, era compartida por la totalidad del Gobierno y se espera que sea aprobado la semana próxima.
En este contexto, fuentes gubernamentales explican que la parte más problemática se centra en la relación comercial con los territorios ocupados, específicamente en el sistema de códigos que permita diferenciar con precisión los productos que provienen de estas áreas de Cisjordania, los cuales estarán prohibidos en España una vez entre en vigor la norma.
El pasado lunes 8 de septiembre, Sánchez compareció por sorpresa para anunciar un paquete de medidas «contra el genocidio», dentro del cual se destacaba el embargo de armas por ley, que tiene como objetivo reforzar y dar seguridad jurídica a la decisión política de no comerciar con armas hacia Tel Aviv, medida ya en aplicación desde 2023.
Esta fue la medida más relevante, pero el jefe del Ejecutivo anunció un total de nueve iniciativas, una de las cuales busca prohibir la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Cisjordania «con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados», según se expresó en una declaración desde La Moncloa.
Robles niega que pusiera objeciones
En la redacción del decreto están involucrados varios ministerios: Exteriores, Comercio, Hacienda y Defensa. En un principio, las críticas se dirigieron al departamento que dirige Margarita Robles, quien esta semana defendió que no puso ninguna objeción al embargo de armas a Israel. Durante la sesión de control en el Congreso, Robles aseveró que ha finalizado el vínculo industrial con Israel en el ámbito de la defensa, asegurando que no existe ningún convenio, contrato o relación de las Fuerzas Armadas con el Estado de Israel.
La titular de Defensa explicó que «quedaban algunos flecos desde el punto de vista de la tecnología» israelí, pero antes del verano se «recondujeron» y el vínculo «se ha terminado», según confirmó.
Complejidades técnicas
En la víspera, la portavoz Pilar Alegría afirmó que el Gobierno tiene la «voluntad» de aprobar el real decreto la semana que viene y justificó el retraso en la complejidad técnica de la redacción. «Las cosas hay que hacerlas bien», comentó ante las críticas de Sumar.
Asimismo, fuentes gubernamentales subrayaron las dificultades a la hora de redactar un texto que afecta a numerosas leyes y tratados internacionales, indicando que los asesores jurídicos de los distintos ministerios implicados están revisando el texto para garantizar su precisión.