
ZARAGOZA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) – El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) contará con una «Unidad PIGA» para agilizar la tramitación de actuaciones de especial complejidad, como los proyectos de interés general de Aragón (PIGA), según anunció este miércoles la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero indicó que el INAGA ha estado «sometido a una gran tensión en los últimos meses», y recordó que el Gobierno de Jorge Azcón ya había mencionado la necesidad de «cambiar ese modelo» en referencia a «la purga de funcionarios».
La vicepresidenta resaltó la importancia de permitir que los técnicos «dejen trabajar y refuercen su labor», mencionando que el INAGA es un organismo «fundamental que garantiza la legalidad y el impulso de la actividad económica». Además, destacó que se sumarán más recursos: «más presupuesto, más personal y más digitalización, incluso Inteligencia Artificial».
Con el Plan de Agilización del instituto, la plantilla se incrementará de 72 efectivos a 96, lo que supone un hito en la historia del organismo, alcanzando un aumento del 33%.
El Consejo de Gobierno aprobó la incorporación de 10 técnicos, de los cuales 7 serán del grupo A1 y 3 del grupo A2, para atender el incremento de carga de trabajo derivado de expedientes de especial complejidad, tales como autorizaciones ambientales integradas y evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos.
Estos puestos tendrán carácter temporal hasta abril de 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y permitirán hacer frente a un volumen creciente de expedientes vinculados a inversiones industriales, energéticas y de infraestructuras. El programa tiene una previsión de gasto plurianual de 1.419.984,18 euros.
Este refuerzo se suma a las medidas ya adoptadas en el marco del plan de agilización del INAGA, que representó el mayor incremento de personal en las últimas dos décadas. La plantilla ya ha pasado de 72 a 86 efectivos con la incorporación de 14 nuevos puestos estructurales, lo que significa un aumento cercano al 19,5%. Junto con los 10 nuevos efectivos, el incremento total alcanzará 24 puestos, elevando la plantilla hasta 96 trabajadores y resultando en un crecimiento acumulado del 33,3% respecto a la situación inicial.
El nuevo programa responde a la necesidad de enfrentar un crecimiento sostenido de expedientes complejos, destacando más de 130 solicitudes de autorización ambiental integrada en el ámbito industrial y 15 planes de interés general de Aragón actualmente en tramitación, todos ellos asociados a inversiones significativas y generación de empleo.
Con este refuerzo, se espera avanzar en la resolución de estos procedimientos, garantizando el cumplimiento de los plazos y manteniendo altos niveles de control y calidad en la evaluación ambiental.
Los nuevos técnicos participarán en la tramitación completa de los expedientes ambientales en todas sus fases, desde el análisis de la documentación y la validación de solicitudes, hasta la elaboración de informes técnicos y propuestas de resolución. También incluirán la evaluación de informes sectoriales, el análisis de alegaciones y la supervisión del proceso administrativo.
Su enfoque estará en expedientes de mayor complejidad, que abarcan autorizaciones ambientales integradas en sectores industriales y ganaderos, evaluaciones de proyectos estratégicos y de infraestructuras, así como aspectos relacionados con la gestión de residuos, emisiones a la atmósfera y estudios en medio natural.
La mejora de los recursos humanos ha ido acompañada de una transformación organizativa y tecnológica. En menos de dos años, los expedientes activos se han reducido de cerca de 7.500 a 4.400, mientras que los fuera de plazo han descendido un 44%, pasando de 4.875 a 2.750.
Asimismo, la tramitación electrónica ha aumentado del 0% al 80% de los procedimientos, lo que ha permitido gestionar alrededor de 9.500 expedientes anuales mediante herramientas digitales integradas.
El plan también ha facilitado casi la eliminación de la dependencia de consultoras externas, logrando una reducción superior al 99% en los encargos para evaluaciones de impacto ambiental en apenas tres años, y sin recurrir a estos servicios en ningún proyecto de energías renovables en los últimos ejercicios.

