SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) – El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relacionada con el «entramado empresarial» del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco. En este caso, también figura como procesado el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández.
En un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado señala que sigue el trámite previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) debido a la posibilidad de que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.
Entre los implicados se encuentran Rafael Velasco, su esposa A.M.L. (administradora única de la empresa Aulacen 5), su cuñada R.M.L. (evaluadora en los cursos de formación subvencionados), su otra cuñada I.M.L. (docente en dichos cursos), y su hermano P.V.S. (también docente).
A su vez, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado previamente por prevaricación y malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los ERE, está incluido en esta causa. Este proceso fue parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional, que ordenó a la Audiencia de Sevilla emitir una nueva sentencia.
Además, se dirigen las acusaciones contra los exdirectores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García, así como A.S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación. La empresa Aulacen Cinco S.L. también enfrenta responsabilidades como civil subsidiario.
En el auto, se indica que «han sido practicadas todas las diligencias de instrucción jurisdiccional indispensables para la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo». En consecuencia, se acuerda dar traslado de la causa al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral, formulen escrito de acusación, o planteen el sobreseimiento de la causa. También se contempla la posibilidad de solicitar diligencias complementarias necesarias para formular la acusación.
La opción de recurrir esta resolución no es firme. Las partes pueden presentar un recurso de reforma en un plazo de tres días y/o un recurso de apelación en un periodo de cinco días desde su notificación.
Justificación «Irregular» de Ayudas
Según el juez instructor, la causa gira en torno a supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la «presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo» concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5, la cual está vinculada a Rafael Velasco.
Esta entidad «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular» en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE. Las ayudas específicas mencionadas incluyen una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593,00 euros y una última de 41.296,50 euros.
El juez destaca que, según las actuaciones, es posible que no se haya cumplido con la normativa de concesión, control y justificación de estas subvenciones, gracias a un «deliberado concierto» entre los beneficiarios y los responsables del órgano gestor. Este hecho se atribuye a la actuación de los directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes, así como del exconsejero Antonio Fernández como presidente del SAE.
Igualmente, A.S.F. habría intervenido en procedimientos administrativos sin ostentar un cargo oficial que le permitiera ello, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio del SAE. Un caso destacado incluye la emisión de un «certificado» sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005, lo cual ha sido calificado como mendaz debido a que la sociedad fue constituida el 12 de diciembre de 2005 y la solicitud de la subvención se presentó el 15 de diciembre del mismo año.