En el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha alegado que la supuesta filtración en su contra ha destruido su presunción de inocencia. González Amador ha declarado que se ha transmitido que él es un «delincuente confeso», lo que le ha impuesto una «sentencia popular» y le ha convertido en «moneda política».
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Durante su intervención, el abogado Gabriel Rodríguez Ramos defendió que la acusación particular, que ejerce González Amador, ha sido severamente dañada al difundir información que lo presenta como culpable antes de que se haya dictado sentencia. En concreto, el fiscal general enfrenta una posible condena de seis años de prisión y doce de inhabilitación por haber supuestamente filtrado a la Cadena SER el correo electrónico que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, ofreciendo reconocerse culpable de dos delitos fiscales para alcanzar un acuerdo que le permita evitar la cárcel.
Rodríguez ha indicado que «no es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso», aludiendo a la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo de 2024. Según el abogado, la divulgación de esta información ha convertido a González Amador en «moneda política» dentro de un «relato institucional» que ha afectado de manera significativa su vida económica y personal.
La respuesta institucional y política
Rodríguez Ramos destaca que este relato ha sido sostenido «día a día» por miembros del Gobierno, mencionando las declaraciones del presidente Pedro Sánchez y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quienes han calificado a González Amador como «delincuente confeso». Alega que la publicación de estos datos ha repercutido negativamente en su cliente, generando un «daño irreparable» en su reputación.
El abogado también ha cuestionado la necesidad de difundir la nota de la Fiscalía y ha argumentado que no era necesario incluir el hecho de que la defensa se había ofrecido a reconocer delitos para «neutralizar ningún bulo». En este sentido, ha resaltado que su inclusión nunca podría estar justificada.
Presunción de inocencia y filtraciones
Rodríguez Ramos ha mencionado que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido que la publicación de información que sugiera que alguien ha cometido un fraude, sin que exista una sentencia, puede ser considerada una violación de la presunción de inocencia. «Imagínense si está lesionada la presunción de inocencia en este caso», ha enfatizado.
El abogado también ha criticado la falta de investigación por parte de la Fiscalía General con respecto a las filtraciones de información relacionadas con su cliente y ha expresado su preocupación por la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. «¿Qué pasa si existe connivencia con una autoridad? No tiene por qué decir la verdad», ha argumentado.
El juicio, que sigue en desarrollo, pone de manifiesto las complejidades de la intersección entre la justicia y la política, y cómo las filtraciones pueden afectar la vida de los implicados en procesos judiciales antes de que se tome una decisión formal.