El 22 de octubre de 2025, el Partido Popular (PP) utilizó su mayoría absoluta en el Senado para aprobar un conflicto de atribuciones con el Gobierno, el cual podría llevarse ante el Tribunal Constitucional (TC). La medida busca obligar al Ministerio de Hacienda a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes.
Durante el debate que precedió dicha aprobación, el presidente del Senado, Pedro Rollán, emitió múltiples llamados al orden a los senadores socialistas, quienes se mostraron impasibles ante las advertencias. El enfrentamiento entre PP y PSOE se intensificó al abordar las polémicas judiciales del Gobierno y la falta de presupuestos en comunidades bajo la administración ‘popular’.
Detalles del Conflicto de Atribuciones
El PP avanzó en el procedimiento para elevar un nuevo conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional en relación a los Presupuestos del año entrante. En este contexto, el Senado asumió el planteamiento y lo enviará al Gobierno.
Una vez que el Ejecutivo reciba esta evaluación, contará con un mes para responder. Existen opciones para no contestar, lo que permitiría que el Senado decidiera si eleva la cuestión al Tribunal Constitucional o no avanza con el asunto. En la votación del Pleno, el PP no consiguió respaldos de otros grupos, aunque recibió la abstención de ERC, EH Bildu, Vox, UPN, Asociación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.
La Obligación Constitucional
En la argumentación del conflicto, el PP sostiene que el Senado no debe permitir ni tolerar el incumplimiento de las obligaciones que impone la Constitución al Gobierno, que tiene el deber de presupuestar. Además, el partido se opone a la «práctica fraudulenta» de modificaciones presupuestarias fuera del ámbito parlamentario, dado que consideran que esto infringe el principio de legalidad presupuestaria.
El PP compara la situación actual, donde se propone mantener prorrogados los Presupuestos de 2023, con la circunstancia de 2020, cuando no se presentó el proyecto de Ley de Presupuestos debido a la crisis generada por la pandemia de COVID-19. A su juicio, «no existe justificación posible» para no presentar los nuevos Presupuestos, excepto la incapacidad de llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias necesarias para su aprobación.
Finalmente, enfatizan que los motivos políticos no pueden ser utilizados como un argumento legítimo para omitir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, impidiendo así que las Cortes Generales, especialmente el Senado, ejerzan su función en materia presupuestaria.