Granada, 18 de septiembre. (EUROPA PRESS) – La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo de la Universidad de Granada (UGR) que suspendía sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes, considerando que este es «discriminatorio» e incluye medidas que «vulneran los derechos fundamentales».
En la sentencia, consultada por la agencia, el alto tribunal andaluz estima el recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y revoca el fallo dictado en marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la decisión de la UGR.
Esta institución docente suspendió en mayo de 2024 su colaboración académica y científica con instituciones israelíes en respuesta a las movilizaciones de estudiantes, la comunidad educativa y la sociedad civil. Concretamente, la UGR detuvo la movilidad entrante y saliente de estudiantes, así como de personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes. Además, se interrumpió la cooperación científico-técnica con instituciones israelíes y varios convenios con universidades locales.
El TSJA considera que, al actuar así, la Universidad de Granada, «bajo el pretexto de su autonomía universitaria», dictó un acuerdo «discriminatorio que vulnera la dignidad de la persona en relación con el derecho a la integridad moral» de los afectados, estigmatizándolos y excluyéndolos de la vida universitaria sin conocer sus opiniones sobre el conflicto. Esta situación, a juicio del tribunal, transmite a la opinión pública «una opinión negativa sobre ellos», enfrentándolos al resto de la población y creando un clima de peligro, lo que es «extraordinariamente grave» para una institución educativa de su relevancia.
Asimismo, el tribunal subraya que «la autonomía universitaria no excluye las limitaciones que imponen otros derechos fundamentales», resaltando que los pronunciamientos de las instituciones públicas deben ajustarse a su esfera de competencias y no pueden contener medidas que vulneren derechos fundamentales.
Recurso al Supremo
En una nota, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que participaron como codemandadas defendiendo la legalidad del acuerdo, han expresado su «profundo lamento» ante este retroceso y han anunciado su intención de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada había respaldado en marzo de 2025 la suspensión, argumentando que la universidad actuó dentro de su autonomía institucional y que la medida no constituía discriminación, sino que era una respuesta proporcionada y acorde al derecho internacional humanitario. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TSJA ha revocado esta sentencia, aceptando el recurso de ACOM y anulando el acuerdo de la UGR.
La APDHA y la Red Universitaria destacan que esta sentencia se produce en un contexto en el que la Comisión Internacional Independiente de la ONU ha concluido que Israel «está cometiendo genocidio en Gaza», documentando matanzas de civiles, ataques a hospitales, destrucción de infraestructuras esenciales y la obstaculización deliberada del reparto de ayuda humanitaria.