MÉRIDA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) – La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) ha mostrado su desacuerdo con el pacto alcanzado esta semana entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en Extremadura. La organización ha asegurado que los ayuntamientos estarán «firmes y vigilantes» ante «cualquier atentado o retroceso contra los derechos humanos que pueda infringirse al amparo del citado pacto».
El presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, ha afirmado a través de un comunicado que «los pueblos y las ciudades extremeños llevamos en nuestro ADN la solidaridad y seguiremos haciendo una política cercana, que mire a los ojos de quienes llaman a nuestra puerta y les prestaremos nuestra ayuda».
González Andrade, quien también es alcalde de Olivenza, ha asegurado que los alcaldes extremeños continuarán trabajando «sin descanso» para que los municipios sigan siendo «ejemplo de respeto, tolerancia y paz». En este sentido, ha señalado que se rechazará «toda medida racista, discriminatoria y xenófoba» hacia cualquier colectivo, especialmente hacia las personas migrantes.
Como muestra de este compromiso, el presidente ha resaltado el ofrecimiento que han hecho los ayuntamientos y la propia Fempex al Gobierno central para ayudar en el proceso de regularización de inmigrantes, afirmando que «esa es la línea y en ello nos empeñaremos».
«Injerencia» en la autonomía local
Por otra parte, y tras analizar el acuerdo, González Andrade considera que las alusiones directas que se hacen hacia los ayuntamientos son «un brindis al sol». Critica que, por un lado, el pacto no haga «ni una sola mención» a problemáticas como la financiación de los consistorios o la autonomía local, mientras que, por otro lado, se hable de actuar sobre competencias propias de la administración local, como el padrón municipal, para «evitar fraudes en los empadronamientos».
Para el presidente de la Fempex, esto constituye un «desprecio total», una «injerencia» y una «vulneración» del principio de autonomía local, declarando que «algo que no podemos consentir en un estado democrático».
Finalmente, González Andrade ha expresado su preocupación por la implantación de otras medidas que, a su juicio, supondrán una «debilitación» de los servicios públicos, una «merma» en la protección social de la población, la «quiebra» del estado del bienestar y la «vulneración» de derechos fundamentales.