Greenpeace ha denunciado vertidos tóxicos en Aznalcóllar que amenazan el río Guadalquivir. La organización ha documentado filtraciones de aguas contaminadas con metales pesados, mostrando cómo el drenaje ácido, resultado del desastre de 1998, continúa afectando al sistema fluvial andaluz. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la reapertura minera en la zona, que podría provocar un impacto ambiental aún mayor y sostenido durante décadas.
La reapertura minera y su potencial catástrofe
La reactivación de la minería podría liberar miles de millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados y agravar uno de los desastres ambientales más graves de España.
El gobierno andaluz ha dado luz verde a la reactivación de la explotación minera en Aznalcóllar, impulsada por el Grupo México. El plan prevé descargas de aguas contaminadas durante casi dos décadas, lo que podría erosionar aún más el ecosistema del Guadalquivir. Greenpeace destaca que parte de los vertidos proviene de residuos acumulados desde 1998, advirtiendo sobre la adición de descargas de residuos con metales pesados como resultado del proyecto Cobre Las Cruces.
Un vertido persistente e histórico
La denuncia de Greenpeace vuelve a colocar el foco sobre un problema histórico. A casi tres décadas del desastre minero, las aguas contaminadas siguen filtrándose desde la corta. Estos líquidos tienen un característico color azul turquesa, resultado de la alta concentración de metales pesados, y la situación se ha visto agravada recientemente por episodios de lluvias intensas en Andalucía.
Los riesgos de un nuevo desastre ambiental
La Junta de Andalucía ha autorizado la reapertura de la mina, lo que implica verter aproximadamente 85.520 millones de litros de aguas contaminadas durante más de 18 años. Estos vertidos incluyen agua procedente directamente de los lodos tóxicos que se han almacenado desde 1998. Según Greenpeace, esto podría convertir al Guadalquivir en una “alcantarilla minera” de gran escala.
El peligro de otros proyectos mineros
Otro factor que aumenta la preocupación es la nueva fase de la mina de Cobre Las Cruces, que contempla el vertido de más de 32.760 millones de litros adicionales de aguas contaminadas con metales pesados. La combinación de ambos proyectos podría multiplicar por diez la contaminación del estuario, afectando directamente a ecosistemas protegidos y zonas de alto valor ambiental.
Contaminación acumulada en el río Guadalquivir
El Guadalquivir no actúa como un simple canal de evacuación hacia el mar. Más bien, funciona como un sistema donde los contaminantes quedan atrapados y se acumulan. Factores como la presa de Alcalá del Río y el famoso “tapón salino” limitan la dispersión de los metales, lo que permite que estos residuos se depositen en los sedimentos y entren en la cadena alimentaria.
Consecuencias para la salud y la economía local
Diversos estudios científicos han detectado metales pesados en especies consumidas habitualmente. Por ejemplo, se han encontrado niveles de plomo por encima de los límites en peces como el albur. Del mismo modo, se ha detectado arsénico en crustáceos clave para la economía local, lo cual representa un riesgo directo para la salud humana y la seguridad alimentaria.
Además, el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir, que abarca más de 36.000 hectáreas, podría verse gravemente afectado, dado que el arroz tiene la capacidad de bioacumular arsénico, elevando el riesgo sanitario. Sectores como la pesca y el turismo también se verían perjudicados por estos impactos.
La presión sobre espacios protegidos
Los vertidos impactarían sobre hábitats incluidos en la Red Natura 2000 y añadirían una presión adicional sobre el ya deteriorado Parque Nacional de Doñana. Este escenario contrasta con las exigencias europeas de restauración ecológica, ya que actualmente solo el 9% de los hábitats en España se encuentra en estado adecuado.
Un desastre con consecuencias duraderas
El origen de esta situación se remonta a 1998, cuando la rotura de la balsa minera liberó 7 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. Este desastre afectó a 80 kilómetros del río y contaminó miles de hectáreas, con consecuencias sociales y económicas que aún permanecen en la zona.
Llamamiento urgente a la acción
Greenpeace y otras organizaciones han presentado recursos contra las autorizaciones, exigiendo la paralización inmediata de los proyectos mineros y la formación de un grupo independiente que evalúe el impacto acumulativo de las actividades mineras en la región.
Greenpeace denuncia vertidos tóxicos en Aznalcóllar que amenazan el Guadalquivir, advirtiendo que el tiempo para actuar es limitado.
El río no es simplemente una vía hacia el mar; retiene contaminantes y se degrada a través de su acumulación, lo cual se ve agravado por las infraestructuras preexistentes y las condiciones naturales de la zona. Por último, los sedimentos acaban finalmente en la cadena trófica local, exponiendo a las comunidades a graves riesgos para la salud.

