Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio con jurado popular el presunto delito de malversación en el que se ve involucrada. La abogada de Álvarez sostiene que esta decisión va en contra de criterios previamente establecidos por la Audiencia Provincial de Madrid.
Según la defensa, el tribunal ya había declarado que no hay evidencia de que Álvarez hubiera cometido ningún delito de malversación, lo que contradice ahora la resolución del juez Peinado. En el escrito presentado, la defensa asegura que el auto del juez ha «mutilado» y sacado de contexto ciertas partes de decisiones anteriores, presentando una imagen distorsionada de los hechos.
En mayo de 2025, un juzgado de instrucción desestimó una querella presentada por Vox contra Álvarez por malversación, señalando que no se le podía atribuir responsabilidad penal por el desempeño de las funciones que tenía encomendadas. La defensa argumenta que el cambio de opinión del magistrado actual es una violación de la «seguridad jurídica», ya que no ha habido nuevas pruebas que justifiquen este cambio.
Álvarez cumplió con sus obligaciones «de manera exquisita»
La defensa también enfatiza que Álvarez no posee la «cualificación específica» para cometer el delito de malversación, ya que este exige tener una relación funcional con los recursos públicos y sostiene que no se ha causado ningún perjuicio a las arcas públicas.
«No hay constancia de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por dedicarse a tareas privadas de doña Begoña Gómez», añade el escrito, que destaca que Álvarez ha cumplido sus responsabilidades de «manera exquisita».
Por todo ello, la defensa solicita a la Audiencia Provincial que estime el recurso de apelación y anule la resolución del juez Peinado en lo que respecta a Cristina Álvarez.