La Comisión Europea (CE) ha solicitado la inadmisión de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla para elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló las condenas de una decena de inculpados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que incluye a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La CE considera que «el TJUE es manifiestamente incompetente» para abordar las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense.
Argumentos de la Comisión Europea
El escrito de alegaciones de la CE, que ha sido adelantado por el Diario de Sevilla, clasifica las cuestiones prejudiciales como «inadmisibles» y declara que la Comisión «se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto». Según la CE, el Tribunal de Justicia ha afirmado que «no es competente para pronunciarse sobre un asunto en el que resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a la interpretación del Tribunal de Justicia no es aplicable al asunto principal».
Además, la CE señala que dado que la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la Comunidad Autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación del artículo 325 TFUE, lo que hace que las disposiciones mencionadas sean inaplicables.
Incongruencias en la petición de la Audiencia
La Comisión expone en su escrito que la interpretación solicitada respecto a las disposiciones de Derecho de la Unión no guarda relación con la realidad del litigio principal. La CE afirma que no se ha demostrado que los fondos en cuestión provengan del presupuesto de la Unión, lo que se traduce en que «en las sentencias de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional no existe referencia a la financiación de la Unión en relación con el programa controvertido».
El vínculo con los intereses financieros de la Unión
En su argumentación, la Audiencia de Sevilla había sostenido que la apropiación indebida de fondos públicos de un Estado miembro puede tener un impacto potencial o indirecto sobre los intereses financieros de la Unión. Sin embargo, la CE considera que «a falta de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión», las cuestiones planteadas son puramente hipotéticas. La CE sugiere que, si la jurisprudencia en cuestión se vuelve problemática en otros casos relativos a los fondos de la Unión, podría plantearse una nueva petición prejudicial.
El trasfondo judicial y las sentencias anuladas
En julio del año pasado, la Audiencia de Sevilla decidió elevar una cuestión prejudicial al TJUE en relación con su mandato de dictar nuevas sentencias, alineadas con las resoluciones del TC que anularon condenas de ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. Esta acción fue justificada a fin de «evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares» y de «salvaguardar los intereses financieros de la UE».
Previamente, la Audiencia solicitó información a las partes sobre si el Constitucional «se ha extralimitado» en su «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación». En sus sentencias anuladoras, el Tribunal Constitucional había argumentado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo «incurrieron en una interpretación extravagante e imprevisible» de elementos clave que vulneran el derecho fundamental a la legalidad penal garantizado por el artículo 25 de la Constitución Española.
Suspensión de nuevos juicios
Posteriormente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla suspendió la tramitación de las nuevas sentencias ordenadas por el TC, citando «dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE». Esta decisión busca evitar que la doctrina del TC genere un «riesgo sistémico de impunidad futura» y proteger los intereses financieros de la Unión Europea.