La reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, ya cuenta con fecha para su votación final en el Pleno del Congreso, previsto para la semana del 10 de febrero. Hasta ahora, el PSOE se mantiene en desacuerdo tanto con Sumar como con sus socios parlamentarios de Bildu, ERC y Podemos, quienes no comparten la propuesta.
Junts registró esta proposición de ley, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024. Esta fue admitida a trámite por el Pleno medio año después, aunque se mantuvo en suspenso durante meses. En marzo de 2025, se presentaron enmiendas parciales, pero nuevamente la reforma fue puesta en pausa debido a la oposición de los socios de izquierda del Gobierno.
Sin embargo, la reciente ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por el partido de Carles Puigdemont llevó al PSOE a reactivar la propuesta, y en solo una semana, la Comisión de Justicia aprobó la reforma legislativa. Así, será el Pleno del Congreso quien debatirá y votará el texto en la sesión que empezará el próximo 10 de febrero, antes de enviarlo al Senado para completar su tramitación.
Todo indica que, en este último trámite en el Congreso, se evidenciará nuevamente la distancia que el PSOE mantiene en relación con su socio en el Gobierno, Sumar, así como con sus aliados de izquierda, como se demostró durante el debate en la comisión.
Ejes de la Reforma
En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros. Sin embargo, el castigo por hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si se dan circunstancias como haber sido condenado previamente por otros tres delitos menos graves.
Además, se ha añadido otro agravante que eleva la pena: sustraer un móvil u otro dispositivo electrónico que contenga datos personales. Esta modificación no se aplicará en casos de hurtos de móviles nuevos en tiendas.
Otra enmienda, pactada con PP, PSOE y PNV, establece el castigo por multirreincidencia en casos de estafa con ánimo de lucro, «cuando se utilicen engaños suficientes para generar error en otros». Para la fijación de la pena se considerará el importe defraudado, el perjuicio económico causado a la víctima, la relación entre el defraudador y la víctima, así como los medios empleados y otras circunstancias que puedan influir en la gravedad de la infracción.
Asimismo, se contempla una modificación que permitirá imponer de manera cautelar al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, así como a comunidades autónomas; o de acercarse o comunicarse, con la graduación necesaria, a determinadas personas».
Finalmente, mediante una enmienda ‘in voce’ acordada por PP, PNV y Junts, se establece una pena de prisión de uno a cinco años para quienes realicen el llamado ‘petaqueo’, que apoya las narcolanchas, castigando «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro, de manera temeraria, de cualquier forma de combustibles líquidos» en contra de leyes o disposiciones de carácter general.
Las Críticas de Sumar
Durante el debate en la comisión, Junts defendió que su ley busca revertir la «frustración» y la sensación de abandono que generan los hurtos reiterados. El PSOE argumentó que esta reforma responde a las demandas de los ciudadanos; el PP aseveró que pretende poner fin a «la alarma social y la sensación de impunidad» frente al delito; Vox apoyó la idea de una «mayor severidad frente al hurto leve y más supuestos agravados»; y el PNV insistió en que el endurecimiento de las penas por multirreincidencia es una reclamación «transversal».
Todos estos grupos respaldaron la reforma, en contraposición a Sumar, Bildu y Podemos, quienes votaron en contra y ERC se abstuvo. En Sumar justificaron su postura destacando que la reforma representa una deriva «punitivista» que solo busca «satisfacer» a Junts; en Bildu denunciaron que esta ley «no es ni proporcional ni eficaz, ni garantista»; y en Podemos manifestaron que «alimenta los relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha». Por último, ERC advirtió que esta reforma genera expectativas que no logrará cumplir.