MÉS per Mallorca ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la tramitación del proyecto de ley de proyectos estratégicos. Por su parte, MÉS per Menorca no descarta formular también una denuncia penal en este contexto.
Durante las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, los representantes de ambos grupos políticos expresaron sus críticas hacia la Mesa del Parlament por reconsiderar enmiendas presentadas por el PP y Vox, las cuales no guardan relación directa con la ley en cuestión. Lluís Apesteguia, portavoz de MÉS per Mallorca, indicó que su grupo considerará esta tramitación como un ataque a los derechos de los diputados, motivo por el cual se planteará un recurso de inconstitucionalidad.
En la misma línea, Josep Castells, diputado menorquinista, denunció que la Mesa ha estado facilitando la inclusión de «decenas de enmiendas ilegales» en un proyecto de ley donde no deberían figurar. Resaltó que la Mesa de la Comisión de Hacienda, siguiendo un criterio unánime de los letrados de la Cámara, había rechazado las enmiendas por su falta de relación con la ley que se tramitaba. Sin embargo, el pasado miércoles, la Mesa del Parlament decidió admitarlas nuevamente.
Castells también reveló que el vicepresidente de la Mesa, Mauricio Rovira, reconoció en acta que las enmiendas de su propio grupo no se relacionaban con el título del proyecto de ley en discusión. A su juicio, los escritos de reconsideración presentados por PP y Vox fueron registrados «fuera del plazo reglamentario», lo que lleva a sospechar que la Mesa «ignoró sus propias normas para obtener un resultado políticamente conveniente».
El diputado menorquinista formalizó una impugnación, argumentando que la conducta del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y del vicepresidente de la Cámara podría constituir un delito de prevaricación administrativa. Además, Castells mencionó que su impugnación provocó que la ponencia que debía llevarse a cabo el pasado martes decidiera no debatir ni votar las enmiendas, lo que él interpreta como un «reconocimiento implícito de que la maniobra de la Mesa no soporta un escrutinio jurídico serio».
Frente a esto, Castells exigió que se anule el acuerdo de la Mesa del pasado miércoles y que se detenga de manera cautelar la tramitación de las enmiendas impugnadas. En caso contrario, advirtió que su grupo exploraría acciones en la vía contencioso-administrativa, constitucional y penal.
Defensa del PP sobre la actuación de la Mesa
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, defendió la actuación de la Mesa del Parlament, calificándola de «impecable» y asegurando que los escritos de reconsideración fueron presentados dentro del plazo establecido. Consideró las críticas de MÉS como «una anécdota desesperada» sobre su forma de oposición.
Sagreras afirmó que la Mesa actuó con el respaldo de los informes técnicos de los letrados de la Cámara, argumentando que las enmiendas estaban relacionadas de manera amplia con el título de la ley. Además, señaló que otros grupos también han presentado numerosas enmiendas que, según sus propios criterios, no tienen relación con el título original de la ley. «No entiendo esta batalla tan grande cuando ellos mismos han presentado enmiendas que hacen referencia a Hacienda o IB3», concluyó Sagreras.