ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) – La concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, se ha reunido este martes con la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, con el objetivo de analizar los avances tras el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones en el que Zaragoza relacione normativamente la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la calidad del aire. Han acordado que lo establezca una consultora externa.
Tatiana Gaudes ha explicado que el objetivo es «no poner en riesgo las ayudas» que recibe el Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de España, las cuales están condicionadas con la ZBE, y al mismo tiempo adaptar esta norma al contexto de la ciudad. De ahí que se haya acordado entre PP y Vox hacer un encargo a una consultora para establecer el sistema de medición de la calidad del aire en la ZBE, que podría incluir unidades móviles, estaciones fijas u otros dispositivos, así como su ubicación y el coste.
La concejal del PP ha incidido en que «se debe realizar un estudio técnico con una consultora especializada para valorar el mejor modelo a aplicar, salvaguardando las ayudas y subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible y a la mejora de la calidad del aire». En este sentido, ha enfatizado que «ya desde la anterior Corporación, la actual alcaldesa, Natalia Chueca, defendía que la normativa intransigente del Gobierno de Pedro Sánchez debía adaptarse a la configuración, características y necesidades reales de cada ciudad, y no establecer un criterio general que perjudicara a capitales como Zaragoza».
Modificación de la Ordenanza
Gaudes ha puntualizado que se trata de una modificación de la actual ordenanza en cuanto a delimitación, ubicación e incluso los permisos de acceso, aspectos que se mantendrán, pero «ahora nos vamos a guiar por un parámetro de calidad del aire para la activación del régimen sancionador».
Para poder implementar ese parámetro de calidad del aire, se necesita conocer el histórico de la ciudad en este ámbito y a partir de ahí trabajar conforme a los objetivos que la Unión Europea marca para el año 2030. Gaudes ha estimado que en un plazo de un mes estarían los resultados de la consultora y, a partir de ahí, se marcará el siguiente ritmo de trabajo. «Nos emplazamos -ha indicado- en un mes cuando conozcamos los datos, los contaminantes más adecuados para medir y también conocer la realidad de la calidad del aire en Zaragoza y las medias que arroja a lo largo del año».
Una vez que se tenga el informe de la consultora -cuyo coste del contrato no es necesario que salga a licitación- se procederá a la modificación de la ordenanza de la ZBE, lo que requiere una media de tres meses de tramitación.
En declaraciones a los medios, Tatiana Gaudes ha asegurado que se ciñen a los requisitos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para acceder a las ayudas al transporte que son unos 23 millones entre 2025 y 2026. «Tenemos un informe de la Asesoría Jurídica que nos dice que está permitido dentro de la ley», ha recalcado, añadiendo que otras ciudades están avanzando en este tipo de ordenanzas e incluso hay ordenanzas ya aprobadas. «La realidad es que cada ciudad es distinta y cada ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, lo que intentamos hacer es adaptarla para causar los menos problemas posibles a la ciudad. Esto ya se está haciendo en otras ciudades de España», ha reiterado Gaudes, poniendo de ejemplo a Sevilla.
No Discriminar
Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha añadido que la intención que siempre ha defendido su formación política en este asunto ha sido «siempre la de evitar que se discrimine a ningún zaragozano por entrar a su ciudad, a la ZBE con su vehículo». «No queremos vulnerar los derechos de aquellas personas que no tienen los recursos necesarios para acceder al centro de su ciudad. Serían entre 40.000 y 50.000 vehículos los que se verían afectados y nos parece absolutamente discriminatorio», ha aseverado.
Desde el PP han manifestado «compartir con Vox la convicción» de que la calidad del aire de Zaragoza no es comparable a la de otras ciudades de mayor tamaño o con una orografía más compleja, por lo que «sería razonable que nuestra Zona de Bajas Emisiones tuviera unas características diferenciadas». Dado que la norma vigente obliga a delimitar ese espacio en las ciudades, también se han mostrado de acuerdo en que el control y las sanciones «no deberían ser algo permanente, sino solo aplicable en los momentos en los que se constate que hay una alta contaminación».