La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha criticado la «deslealtad» del Gobierno de España por el desfase de 14 millones de euros en el primer trimestre del año entre los ingresos previstos por las entregas a cuenta y lo realmente transferido.
En marzo, la transferencia del Ministerio de Hacienda por este concepto fue de 33,6 millones de euros en las mensualidades de enero y febrero de 2026, equivalente al importe del ejercicio 2025. Esto ha supuesto, en esos dos primeros meses del año, un desfase de 5,8 millones de euros, es decir, 2,9 millones por cada mensualidad, respecto a los 36,5 millones previstos. Sin embargo, en marzo, la transferencia disminuyó a 28,3 millones, lo que ha aumentado el «desajuste mensual» hasta 8,2 millones. Así, la diferencia entre la previsión y lo realmente transferido «alcanza ya los 14 millones de euros en el primer trimestre de 2026», calculó Solans.
Este desfase tiene su origen en la derogación, en el Congreso de los Diputados, del real decreto que actualizaba las entregas a cuenta de 2025. En enero y febrero de 2026, el Ministerio de Hacienda transfirió las cantidades correspondientes a 2025; no obstante, al no convalidar el real decreto en febrero, se ha retrotraído a las cifras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Con el retroceso a los 28,3 millones mensuales, cifra de referencia de 2023, el Gobierno de España «vuelve, un año más, a infradotar a los ayuntamientos durante buena parte del año, a la espera de otro real decreto que actualice las cantidades con efecto retroactivo». Hasta entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza continuará acumulando cada mes una merma de 8,2 millones de euros, a la que deberá hacer frente con sus recursos propios para prestar los servicios públicos municipales.
Proceden de Impuestos
En una rueda de prensa, Solans explicó que la ausencia de unos PGE desde hace tres años ha provocado la merma de esas entregas a cuenta que el ayuntamiento recibe por su participación en los ingresos del Estado, como el IVA, IRPF y otros impuestos especiales. En marzo, ese déficit fue de 28,3 millones de euros, la misma cantidad que ingresaba la ciudad en 2023, el último ejercicio en el que se aprobaron los PGE, lo que origina un desajuste del 29% respecto a los 36,5 millones que el Ministerio de Hacienda había proyectado para 2026.
Este desfase significa que el Ayuntamiento de Zaragoza «asume unos compromisos de gastos de 2026, pero con unos ingresos del año 2023». Para Blanca Solans, esto revela una «conducta desleal» por parte del Gobierno de España y, en particular, del Ministerio de Hacienda, que es consciente, por tercer año consecutivo, de que estas medidas causan «perjuicios financieros y problemas económicos a las Administraciones que dependen de sus transferencias y actualizaciones económicas cada ejercicio».
El importe adeudado por el Ministerio de Hacienda «se nutre» de lo que los zaragozanos pagan en el impuesto de la renta, en el IVA y en el impuesto de sociedades. «Por tanto, pedimos que se devuelva a la ciudad lo que los contribuyentes han pagado en un momento, además, en el que el Estado tiene una extraordinaria recaudación y, por lo tanto, es inadmisible que estemos en este trimestre en la misma situación del ejercicio anterior».
Solans advirtió que si este desajuste no se corrige, la situación «empeorará» porque, al terminar el primer trimestre con 14 millones menos, «es posible que en abril, si no se arregla, se acumulen otros 8 millones adicionales de déficit». Además, si el Gobierno de España aprueba el Real Decreto de las entregas a cuenta en septiembre, el déficit de financiación del Ayuntamiento de Zaragoza podría superar los 40 millones de euros, estimó.
Tensionar
Blanca Solans calificó de «inadmisible» esta situación, propia de una administración «desleal», y alertó que «tensiona de forma muy evidente la financiación, lo que puede empeorar la calidad de la prestación de los servicios públicos municipales».
«Nos vamos a negar. Vamos a garantizar, aun incluso en este contexto, la calidad y la totalidad de la prestación de los servicios públicos municipales». Esta garantía se sustenta, según ella, en la «buena gestión» del ayuntamiento y porque el Gobierno de Aragón «paga puntualmente lo acordado en el convenio bilateral, pero faltan los 14 millones de euros de las entregas a cuenta de la Administración del Estado», recalcó.
La consejera municipal de Hacienda insistió en que esta situación se origina por la falta de PGE, ya que si hubiera una Ley de Presupuestos Generales del Estado, se comenzaría cada ejercicio con las entregas a cuenta actualizadas. Así, hay que estar pendientes de que «sorpresivamente» el Boletín Oficial del Estado publique un Real Decreto que las actualice.
Subrayó que se trata de una conducta «desleal, no con el Gobierno de la ciudad o con la alcaldesa, sino con los ciudadanos de Zaragoza» y abogó por contribuir a reconducir esta situación. «Si el Gobierno de España no es capaz de tener una ley de Presupuestos Generales del Estado, no pueden ser los ciudadanos quienes paguen su incapacidad política. Y, desde luego, cualquier medida que aumente el gasto inicialmente previsto, lo normal y leal sería contar puntualmente con la financiación».
Antes de concluir, Solans afirmó que lo «realmente engrandecería» al Gobierno de España, en este caso al ministro de Hacienda, Arcadi España, y al presidente, Pedro Sánchez, sería «aumentar» la financiación para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, «no tensionar» la financiación de las entidades locales y «garantizar» que, con independencia de esas medidas, todos los servicios públicos se van a garantizar.