MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) – Sumar, Podemos y Compromís han mostrado este martes su deseo de que los documentos sobre el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que va a desclasificar el Gobierno sirvan para esclarecer el papel que jugó Juan Carlos I en la asonada.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha puesto el énfasis en aquella conversación conocida en unos audios en la que Juan Carlos I le decía a su amiga Bárbara Rey que el general Alfonso Armada, que había sido jefe de la Casa del Rey, se había «comido muchos años de cárcel» pero había «mantenido el silencio» sobre el 23-F.
“Sería muy mala noticia que esta desclasificación no arrojase luz sobre la posible participación del Rey en el golpe de Estado”, ha deslizado la dirigente morada en una rueda de prensa en el Congreso, insistiendo en que a estas alturas ya es hora de “tener claro qué papel jugó cada uno” en ese intento de regresión.
También el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, espera poder descubrir este miércoles si, como señalan algunas fuentes, Juan Carlos I solo “detuvo el golpe al final, cuando vio que ya no prosperaba”.
¿CON QUIÉN HABLÓ ARMADA?
Desde el Grupo Mixto, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha avisado de que la información no se puede dar “ni a cuenta gotas ni con tachaduras”, sino de forma “completa” y que los documentos que se harán públicos este miércoles en la web de Moncloa deben ser útiles para “dirimir todas las responsabilidades políticas” por aquel episodio, 45 años después.
Su compañero Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, confía en que estos datos contribuyan a determinar si el padre del actual jefe del Estado “estuvo implicado de forma directa” en la asonada, “a quién llamó” Armada, minutos antes de que Juan Carlos I se dirigiera al país por televisión, y si el golpe tuvo apoyo al menos logístico de los servicios secretos.
Ibáñez también espera que los documentos sean útiles para conocer las “ramificaciones actuales” de quienes apoyaron la asonada y señalar a sus “descendientes biológicos e ideológicos” que siguen en “puestos de mando” como el Ejército o la alta magistratura.