Valladolid, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado dos sentencias en las que ha desestimado los recursos presentados por la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), obligando a la Administración sanitaria a reembolsar los gastos de tratamientos con hormona de crecimiento que fueron financiados por las familias de dos menores después de la denegación inicial por parte del comité asesor regional.
Detalles de las Sentencias
En particular, la resolución número 00239/2026, emitida el 9 de febrero, ha confirmado el derecho al reintegro de 33.159,88 euros, mientras que la sentencia 00622/2026, dictada el 23 de marzo, ha ratificado el abono de 20.686,64 euros. En ambos casos, el tribunal ha validado todas las sentencias previamente emitidas por los juzgados de lo Social de Valladolid, que ya habían reconocido la necesidad clínica del tratamiento a pesar de la falta de autorización formal por parte del referido comité.
Justificación de las Resoluciones
La Sala de lo Social del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha fundamentado sus resoluciones en que la somatropina no figura como excluida de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, ha enfatizado que la financiación pública no puede estar sujeta de manera absoluta a la decisión de un órgano administrativo. Los magistrados argumentaron que, habiéndose demostrado la prescripción por parte de especialistas del servicio público y la eficacia terapéutica del tratamiento para los menores, la negativa administrativa ha resultado indebida.
Reacciones de las Asociaciones
Por su parte, la asociación ‘El Defensor del Paciente’ ha denunciado públicamente esta situación a través de un comunicado, calificando de «irresponsable» la actitud de la Junta de Castilla y León por persistir en su oposición al reembolso de estos gastos. Su presidenta, Carmen Flores, ha afirmado que el Sacyl mantiene una oposición sistemática que obliga a las familias a seguir un «largo y costoso camino judicial», a pesar de que, según la organización, existe una doctrina judicial consolidada a favor de los pacientes.
Representación Legal
La representación legal de las familias en estos casos ha sido asumida por la abogada Mª Teresa Herrero, del despacho SDS Legal, que es un colaborador habitual de la mencionada asociación. ‘El Defensor del Paciente’ ha indicado que lleva más de dos décadas promoviendo este tipo de reclamaciones en defensa de los menores, logrando resoluciones favorables que han contribuido a la creación de criterios jurisprudenciales en diversas comunidades autónomas. Además, han reiterado la gravedad de obligar a las familias a litigar en instancias superiores.