PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – La agrupación política UPN ha presentado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley que busca evitar el cierre de aulas en los centros educativos públicos y concertados. Esta iniciativa propone una moratoria de un año para la aplicación de los criterios de renovación de los conciertos educativos, los cuales deben ser actualizados para el curso 2026-2027, y también para la planificación del número de aulas en los centros públicos.
La propuesta establece que el Departamento de Educación definirá, al inicio del curso en que expiran los conciertos, los criterios específicos para resolver las peticiones de renovación, priorizando aquellos que aseguren la libertad de las familias para elegir la educación que desean para sus hijos e hijas.
Asimismo, UPN señaló en un comunicado que la propuesta legal contempla que los centros concertados podrán presentar al Departamento de Educación propuestas distintas a los criterios establecidos, en ámbitos como la inclusión educativa, las necesidades demográficas, la innovación pedagógica, la intervención social, entre otros. Destacaron que dichas propuestas deberán ser evaluadas de forma obligatoria por la Comisión de Conciertos competente antes de conceder el número de unidades concertadas.
Además, la propuesta de UPN asegura que se aplicarán los mismos criterios de reducción de ratios y unidades en la enseñanza concertada que los que se aprueben para la escuela pública.
Con el propósito de garantizar la seguridad jurídica y la correcta implementación de lo establecido en esta ley, se propone una moratoria de un año para su aplicación en la renovación de los conciertos educativos y en la planificación del número de aulas en los centros públicos, manteniendo en el próximo curso las unidades existentes tanto en la enseñanza pública como concertada.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, afirmó que su partido «no permitirá que se comprometa la calidad del sistema educativo ni la libertad de selección de las familias». Añadió que «la aplicación de las mismas ratios para la enseñanza pública y concertada asegura la igualdad de trato para el alumnado y permite a las familias elegir libremente el modelo educativo para sus hijos».
Por otro lado, Ibarrola criticó al Gobierno de María Chivite, afirmando que este ha generado descontento en la comunidad educativa debido a su forma de gestionar. En este sentido, abogó por «aprovechar la situación para mejorar la atención educativa en un sistema que siempre ha sido un referente en calidad y equidad, donde tanto la red pública como la concertada han tenido un papel importante». La presidenta concluyó advirtiendo que «toma decisiones sin un análisis realista y sin ofrecer respuestas a los centros es un indicativo de cómo se ha manejado la educación desde que los socialistas están al mando».